Sindicatos británicos incrementan la presión en torno al concurso FSS

Cuando el pasado 23 de junio de 2016 los ciudadanos de Gran Bretaña apoyaron por un escaso margen la salida del país de la Unión Europea se abrió un panorama político y económico del que pocos esperaban que Navantia fuese uno de los grandes perjudicados. El grupo naval público, de gran proyección internacional, pudo comprobar de primera mano cómo las alianzas y tejemanejes geopolíticos podían llegar a influenciar hasta las oportunidades que se daban por sentadas. En menos de un año perdió dos de los contratos más importantes de su historia –nueve fragatas para Australia y otras quince para Canadá–, de los que partía como favorita, a manos de la británica BAE Systems.

Sin embargo, la llegada al poder del eurófobo Boris Johnson y la escalada de tensión entre los trabajadores de los astilleros de Reino Unido han vuelto a poner en jaque otro proyecto del que inicialmente el grupo naval público partía como favorito, el FSS –Fleet Solid Support– de la Real Armada. A esto, además, habría que añadir la posible entrada de Londres en la otra gran esperanza de Navantia, el concurso FFG(X) –fragatas con misiles guiados– para los Estados Unidos, en donde se abrió hace semanas la posibilidad de que BAE Systems participe, una vez más, con el diseño de la “Type 26”.

Hundido como el Titanic
“El Titanic se hundió ¿Se hundirá también Harlan & Wolff?”, preguntaba la representante del sindicato naval irlandés GMB a más de un centenar de trabajadores hace escasos días. Este astillero de Belfast, inaugurado en 1861 y que adquirió gran renombre gracias a la famosa nave hundida, se encuentra al borde de la quiebra. En una historia que recuerda mucho a la vivida en la ría de Ferrol, estas factorías pasaron de contar con más de 35.000 trabajadores  durante la Segunda Guerra Mundial a unos 130 en la actualidad.

Harlam & Wolff es solo una de las instalaciones británicas que desde hace meses reclaman la nacionalización del concurso FSS, de carácter internacional dada la legislación europea por la competencia, que obliga a realizarlos abiertos cuando los buques no son plenamente militares. Muchos han sido los argumentos esgrimidos desde todos los sectores británicos para tratar de evitar que Navantia se haga con el contrato: desde que es un soborno a España por su silencio en torno a Gibraltar, a una supuesta mayor seguridad en la construcción, pasando por las declaraciones de varios lores que consideraban una “traición” permitir la construcción a una nación extranjera.

No obstante, es precisamente la fuerza de estos trabajadores irlandeses, que protestarán esta semana durante la primera visita de Johnson a la isla como Primer Ministro, la que podría poner realmente en peligro las posibilidades de Navantia. Cabe tener en cuenta, además, que en esta decisión no solo influye el propio perfil eurófobo y nacionalista del mandatario, sino también la delicada situación de Irlanda del Norte en las negociaciones con Bruselas. Por el momento la situación continúa en el aire y, de seguir los cursos legales habituales, el cambio de regulación no se produciría hasta tiempo después del divorcio. No obstante, los constantes intentos de Johnson de esquivar todo mecanismo de control añaden un elemento de imprevisibilidad a la situación.