Vecinos de O Penso presentan alegaciones sobre el derribo

Un grupo de propietarios de viviendas en el edificio O Penso presentaron ayer en el registro municipal una serie de alegaciones respecto a la demolición de las plantas cuarta y quinta que el Concello de Cabanas tiene en marcha, por superar la altura permitida, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Según la información facilitada por el alcalde, Germán Castrillón, la primera fase de las obras será ejecutada por la empresa Prace y dará comienzo en el plazo de unos días.
Las alegaciones están firmadas por seis propietarios y en ellas se solicita la revisión del proyecto de demolición, adecuándolo al contenido de la sentencia y a la normativa urbanística de seguridad; la suspensión de las obras de demolición en tanto no se subsanen los defectos advertidos en el presente escrito; y la incoación de los correspondientes expedientes de responsabilidad patrimonial de todos los afectados por la resposición de la legalidad y demolición, garantizando el cobro de las indemnizaciones.
Paralelamente, advierten al Concello de Cabanas de los efectos y omisiones en materia de seguridad y de la responsabilidad en que pueden incurrir los intervinientes técnicos e institucionales en el procedimiento de demolición.
En el documento presentado ayer en el registro municipal se incide en que el proyecto de demolición aprobado por el Concello no se ajusta a lo establecido en la sentencia, en la que se recoge que “el edificio debe tener todo él una altura uniforme”, lo que supondría demoler íntegramente los cuartos y los quintos,  y, sin embargo, lo que está previsto hacer es eliminar la planta quinta, mientras que la cuarta pasa a ser un bajo cubierta con una reducción de su cabida original.
Los afectados denuncian, asimismo, el incumplimiento de las normas de habitabilidad, ya que los bajo cubierta que está previsto habilitar tendrían una superficie inferior a la legalmente permitida, además de ver reducida la altura de habitabilidad de 1,80 a 1,5 metros.
Hacen referencia, asimismo, a la que consideran una baja temeraria en el proyecto aprobado por el Concello, cuya primera fase fue adjudicada a la empresa Prace en 373.956,43 euros, cifra que representa un 70% menos que los proyectos encargados por los afectados a dos arquitectos y un 40% menos del elaborado por Applus. A este respecto, precisan que esas diferencias tan abultadas obedecen a que estos últimos proyectos observan cuestiones como la seguridad y el bienestar de los moradores del edificio, incluido el realojo mientras se realizan las obras, mientras que el aprobado por el Concello responde al único criterio de ser el más económico.
Los afectados se quejan, además, del hecho de que, tras más de veinte años de espera, se hubiese elegido el período invernal para acometer las obras, que incluyen la retirada de la cubierta y, por lo tanto, la eliminación del aislamiento término y acústico del edificio.
En las alegaciones presentadas ayer se pone de de manifiesto también la que consideran una falta elemental de previsión de seguridad en la ejecución de la obra. Así, señalan que el proyecto que se va a llevar a cabo prevé el apuntalamiento de la planta tercera durante la ejecución de la obra pero no el realojamiento de los moradores, que tendrán que vivir en el interior de sus pisos con puntales. Le recuerdan al alcalde que en el edificio residen personas de la tercera edad con dificultades de movilidad que no pueden subir y bajar escaleras, ya que no hay ninguna previsión para el tiempo que el ascensor esté inoperativo.
Otras alegaciones se refieren a la inadecuación de los métodos de valoración de las viviendas afectadas por la demolición, la ausencia de expediente de responsabilidad patrimonial y de garantías de cobro de los perjudicados y la falta de competencia del Concello de Cabanas en relación al desalojo del inmueble.