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jueves | 25 abril | 2024
El Campus de Esteiro acogió ayer la primera cita de las XVI Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde que desde hace 30 años, y con periodicidad bienal organiza la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, y la Facultad de Ciencias Del Trabajo de la Universidad de A Coruña.
El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, fue el encargado de inaugurar el acto, acompañado por la Secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Toca Carús, la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, la presidenta de los graduados ferrolanos, Pilar Millor Arias, y el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, José Luis López Fernández.
Además de valorar la extraordinaria trascendencia que estos encuentros tienen en el debate sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, todos los intervinientes coincidieron en subrayar el extraordinario papel jugado por la profesora Pilar Millor en la organización de todas y cada una de las ediciones de las Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo.
Por su parte, la titular de la Asociación de Graduados subrayó el interés que en cada edición se pone por “ir por delante de los acontecimientos, de los hechos y de las expectativas” y manifestó su firme propósito de que los encuentros sigan siendo “una ventana abierta a las nuevas ideas”.
Alta siniestralidad
El decano de la Facultad de CC del Trabajo de la Universidad de A Coruña, José Luis López, aportó en su intervención las más que preocupantes cifras de siniestralidad laboral españolas. Cada día mueren dos personas en nuestro país por accidente laboral.
Entre enero y octubre de 2016 fallecieron en España 509 personas, lo que hace que nuestro país ocupe el tercer puesto en Europa en número de accidentes laborales. Estas cifras, insistió, “evidencian la necesidad de seguir trabajando en seguridad y salud laboral” y abogó por “convertir la prevención en papel, en prevención interiorizada” y por “promover la cultura de la seguridad, tanto en la empresa como en la escuela”.
Derechos sociales
El programa de ponencias se abrió tras el acto inaugural con la intervención del catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Martínez Girón, y el profesor de la misma rama, Alberto Arufe Varela, quienes hicieron un recorrido por lo que han sido las jornadas y lo que estas han supuesto en el debate sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Arufe apostó por trabajar en la prevención desde un marco europeo apuntando que “el único ente capaz de impedir que volvamos a tener esclavos es una Europa más fuerte y unida”.
Ambos ponentes quisieron aprovechar su conferencia para reconocer el trabajo de Pilar Millor en el desarrollo del debate sobre seguridad y salud en el trabajo y trazar también las líneas de trabajo futuro en este ámbito.
La mañana la cerró el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz Vitalla, quien profundizó en el análisis del diálogo social y la negociación colectiva en España y en los efectos que el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales puede tener en estos dos ámbitos. Górriz apuntó que “es tiempo de recuperar derechos, revalorizar salarios y fortalecer la negociación colectiva” y advirtió de que “la defensa de la salud laboral tiene que ver con el fin de las políticas de austeridad”. “No habrá salud laboral, si no volvemos a un marco de relaciones laborales más democrático”.
La promoción de la salud para trabajadores veteranos centró la conferencia de Alejandro Romero Mirón, director de la División de los Servicios de Prevención de MC Mutual. Una de las principales preocupaciones relacionadas con el envejecimiento es la productividad, aunque según explicó el experto, “no hay estudios que demuestren una menor productividad en trabajadores de edad avanzada”. Ni tampoco datos que relacionen la veteranía con un mayor absentismo laboral.
Precisamente este asunto cerró ayer las jornadas, con la intervención de Javier Flórez, director gerente de Mutua. “Galicia –explicó– es la comunidad autónoma española donde dura más un proceso de incapacidad temporal: 51 días, 13 más que en la media nacional”. Como medidas para mejorar la gestión de la incapacidad, propuso el reconocimiento a las mutuas la capacidad para emitir altas médicas y un mayor control en lo que afecta a irregularidades en el cobro de subsidios.
