El Gobierno municipal planteó un programa de adquisición de vivienda para dedicarla a alquiler social como su medida estrella en esta materia, pero quince meses después de cerrar seis compras y a mes medio de las elecciones municipales el próximo gobierno tendrá que resolver esta iniciativa, de la que quedan frentes abiertos.

De las seis propiedades que el Gobierno local adquirió en diciembre de 2017, cuatro ya fueron declaradas nulas por la junta de gobierno después de que así lo dictaminase el Consello Consultivo por no ajustarse a las bases del programa.

Mientras, otra está todavía pendiente de la resolución de este organismo y lo más probable es que siga el mismo camino que las otras cuatro, ya que entre los problemas que se le atribuyen se encuentran causas que supusieron la nulidad de alguno de los otros pisos.

Sin embargo, con declarar la nulidad de las compras no será suficiente para poner fin a un programa que se saldará con la compra de un piso.

El Ayuntamiento pondrá en marcha los mecanismos en su poder para recuperar el dinero invertido en las propiedades que fueron anuladas, pero enfrente tendrá a los vendedores, entre ellos un afín a la Marea Atlántica al que se le compraron dos pisos, uno de los cuales figuraba como oficina y no alcanzaba la superficie mínima.

383.000 euros
El Gobierno local reservó 1,26 millones de euros para este programa, de los que utilizó 383.000 euros para las seis adquisiciones, y de los que finalmente solo se emplearán unos 67.000 para el único piso que está destinado a pasar a formar parte del parque de vivienda municipal. 

Los expropietarios de los pisos que se declararon nulos hasta el momento ya presentaron alegaciones durante el proceso iniciado por el Gobierno local para revertir las adquisiciones.

De hecho, el afín a la Marea Atlántica ya adelantó hace tiempo que no podría devolver la cantidad que le pagó el Gobierno local ya que lo había realizado para llevar a cabo otras inversiones.

Así, el proceso parece abocado a terminar en los juzgados una vez que los expropietarios muestren oficialmente su disconformidad con la decisión municipal de recuperar los fondos invertidos.

El inicio de un proceso judicial supondrá que el desenlace de la primera edición de este programa se prolongue y llegue hasta el próximo Gobierno municipal, que saldrá de las elecciones de mayo. La cita electoral podría suponer la continuidad de la Marea Atlántica y que fuese este partido el que inicie y cierre la polémica, o que sea otra formación la que tenga que afrontar un pleito heredado. El plan ya pudo acabar antes en los juzgados porque el PP lo denunció ante la Fiscalía, pero este ministerio no lo trasladó al órgano judicial.