La Comisión Europea declaró la pasada semana el aceite de palma como “insostenible” en el ámbito de la producción de biodiésel, limitando así su importación para la fabricación de este combustible y la prohibición de considerarlo como un “diésel verde”.

Este nuevo marco tiene una gran trascendencia para la proyección económica de la comarca de Ferrolterra, pues esta substancia es la principal materia prima utilizada en la planta de Masol Iberia de Caneliñas y una mercancía de gran importancia para la Autoridad Portuaria local.

La unidad productiva, gestionada por la compañía española para el grupo indonesio Musim Mas, depende de esta materia para mantener su actividad, por lo que la limitación de esta de cara al año 2023 y su previsible desaparición en 2030 obligaría a la corporación a tener que actualizar sus instalaciones o, en el peor de los casos, a cesar su actividad en el área.

Una normativa polémica
El nuevo marco se firmó como un acto delegado durante las últimas horas del sábado 9, con ocho días de retraso en relación a la fecha límite establecida tras la aprobación en el mes de diciembre de la Directiva de Renovables (DERII) para todos los países de la Unión. En aquel momento se estipuló que la entidad se pronunciaría sobre el uso de soja y aceite de palma como materia prima para la elaboración de biodiésel el pasado día 1, señalando su estatus dentro del marco de los combustibles verdes.

El motivo de este retraso era el estudio del impacto económico y ambiental en el uso de estos materiales, pues si bien su combustión no resulta tan perjudicial para la atmósfera como los fósiles, su impacto global en la emisión de CO2 es tres veces superior a éstos una vez se tiene en consideración la deforestación derivada de su cultivo.

Sin embargo, la nueva legislación resulta mucho menos restrictiva de lo que los diferentes grupos ecologistas demandaban, en parte por las amenazas de Indonesia –uno de los principales exportadores de aceite de palma, junto con Malasia, Honduras y Colombia–, especialmente virulentas tras las medidas anunciadas por Francia y Noruega sobre el uso de biodiésel no sostenible.

Así, los países que empleen biocombustibles de “alto riesgo de ILUC” –Emisiones Indirectas debido al Cambio de Uso de la Tierra, en inglés– no podrán superar sus niveles actuales de consumo hasta el año 2023, año a partir del cual deberán reducir esta cifra hasta, en el año 2030, alcanzar el 0%.

Discrepancias
La oposición a este marco –que se hará oficial dentro de cuatro semanas, tras una consulta oficial– surge de tres frentes diferentes. Por un lado, las organizaciones ecologistas planean una campaña para vetar esta normativa al considerarla demasiado laxa y no anular las subvenciones a los productores.
Por otro, muchos expertos han señalado la conversión de algunos países a un modelo productivo sostenible, como es el caso de Malasia, que adoptó recientemente el compromiso de no exportar aceite procedente de explotaciones forestales.

Por último, Indonesia anunció que denunciaría a la Comisión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, acusando a la entidad de “discriminar” a estas naciones frente a otras europeas que producen alternativas más ecológicas, como la colza. La CE no solo rechazó las acusaciones, sino que además señaló las deficiencias del país en el ámbito medioambiental y laboral.