Tranvías alerta de que la bajada del precio del autobús lastra la mejora del servicio

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La rebaja del precio del autobús urbano pone en peligro el mantenimiento futuro del servicio y no por una cuestión económica sino de garantías legales. Ese es el prisma desde el que la Compañía de Tranvías ve un conflicto dado no porque las tarifas se reduzcan sino porque la decisión se tomó de forma “unilateral” desde el Ayuntamiento e incurriendo en un “incumplimiento del contrato” que sigue en vigor entre ambas partes. El director de la empresa, Ignacio Prada, denuncia la ilegalidad cometida por el Gobierno de la Marea que deja “en papel mojado” todos los compromisos municipales y que crea un clima de “inseguridad jurídica” que les hará imposible afrontar cuestiones como la renovación de la flota, el desarrollo de nuevas mejoras o una hipotética renegociación del convenio laboral. La esperanza está en que la justicia acabe dándoles la razón en que los pasos seguidos por el Consistorio no fueron los adecuados.

A pesar de que el Ejecutivo municipal aseguró que no tenía conocimiento de que la Compañía de Tranvías había recurrido la decisión de bajar los precios del transporte público, el director de la empresa, Ignacio Prada, quiso rebatir ayer esa justificación para aclarar por qué el Ayuntamiento se vio obligado a retrasar la entrada en vigor de las nuevas tarifas. En noviembre de 2018, la firma presentó un recurso de reposición en el que se requirió “una suspensión” para que no fuese posible ejecutarla.

El Ayuntamiento no contestó pasado un mes por lo que se consideró que el recurso había sido desestimado por silencio administrativo y el 20 de diciembre se acudió a los juzgados a poner un recurso contencioso-administrativo contra la medida de la Marea.  Por ello, la jueza advirtió de que no se podía iniciar la vía ejecutiva mientras la decisión dependiese de ella, aunque finalmente dio un permiso mientras el trámite sigue los cauces legales. 

Con independencia de este marco de espera, Prada interpreta que las consecuencias del incumplimiento del convenio vigente entre ambas entidades por parte del equipo del alcalde, Xulio Ferreiro, hace que vivan en un clima de “inseguridad jurídica e incerteza para abordar cualquier mejora”. Desde su punto de vista, el hecho de que el Gobierno local haya hecho caso omiso a lo firmado incumpliendo un contrato “legalmente en vigor” hace que duden sobre cómo se revisarán los costes en un futuro. 

Intereses políticos
Asimismo, ayer reflexionó sobre la falta de pistas para saber si continuarán con la concesión y en qué condiciones o de si podrán renovar u optimizar la flota.

Igualmente dijo que con la “situación de interinidad permanente” se haría complicado afrontar las negociaciones de un convenio laboral de cinco años si es preciso pactarlo mientras continúen vigentes las dudas.

“La conclusión es que el Ayuntamiento no ha tenido ningún reparo en saltarse los procedimientos legales, las leyes... si interferían con sus intereses”, lamentó el responsable de la firma que ofrece el servicio, que entiende que el trabajo que estaban haciendo era bueno porque aunque no han aumentado los fondos públicos sí han conseguido aumentar el número de viajeros en los últimos años. 

Respecto a una posible renegociación con la corporación y particularmente con el concejal de Movilidad Sostenible, Daniel Díaz Grandío, se entiende que “todo lo que pueda decir el Ayuntamiento es papel mojado” porque se ha incumplido un convenio que hace dudar de todos los demás compromisos. En este sentido, Prada entiende que es muy difícil hablar con la Administración municipal que, a su juicio, tampoco se ha mostrado “abierta a una negociación”. 

Unos informes dudosos
Sobre los estudios en los que se basa la bajada de los precios, Prada aseguró que no son “ni los más transparentes, ni los más ecuánimes, ni los más objetivos” pero lo cierto es que entienden que el Consistorio tiene la potestad para decidir sobre el montante de los billetes pero siempre afrontando la consiguiente compensación económica a la firma (que de hecho mantiene esa parte recurrida ante la  justicia). 

En paralelo ellos habían solicitado a la Xunta un permiso para subir los costes aunque Prada no quiere entrar a valorar si la rebaja es o no adecuada, sino en la forma en la que el Ayuntamiento ha actuado para imponer su decisión. Lo que sí quiso dejar claro es que estaban por debajo de la media de ciudades similares que cuentan con más dinero público pese a mover a menos usuarios.

A la espera de Europa
La incertidumbre se multiplica si se tiene en cuenta que la concesión se declaró caducada y solo hay una prórroga que sostiene el autobús urbano en la ciudad. La afectada acudió a Europa para pedir una solución y está a la espera de respuesta, pero el abogado general de la Comisión ya ha dicho, según Prada, que los 30 años de concesión deberían empezar a contar desde el 2009 que es cuando se creó el reglamento y no aplicarse de forma retroactiva.

Además, preguntado sobre la comprometida modificación de las líneas de autobús de la Marea, el responsable dijo no conocer en qué se concretará ese plan porque solo les han consultado algunas cuestiones de manera puntual y ya hace algún tiempo.

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