Imponen una fianza de 179 millones a De Sousa por la crisis de Pescanova

el expresidente de pescanova manuel fernández de sousa faro archivo ec
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos y seis sociedades de Pescanova, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa Faro, quien tendrá que pagar 178.856.577 euros.

Otros de los directivos son los consejeros Alfonso Paz Andrade, para quien ha dictado una fianza de 125.066.753 euros y José Antonio Pérez Nievas, con 54.798.491 euros.

También ha impuesto fianzas de 69.415.260 euros a cada uno de los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Robert Albert Williams, Jesús García García, Fernando de Sousa Faro, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas Moure y Alfredo López Uroz.

El juez Ruz impone asimismo cauciones civiles a Pescanova, que tendrá que abonar 54.7840.678 euros, y a Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ICS Holding Limited y Inverlema, para cada una de las cuales impone 69.415.260 euros.

En el auto, el juez dicta las fianzas, destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias dirigidas contra cada uno de los directivos, y les da diez días para abonarlas o, de lo contrario, decretará el embargo de sus bienes.

Indicios de criminalidad

En el auto, Ruz considera que hay suficientes indicios de criminalidad contra estas personas como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía agroalimentaria que luego entró en concurso de acreedores.

Según el escrito, los administradores de Pescanova se valieron de información de las cuentas anuales e informes económicos de la entidad “que no se ajustaban a la realidad” para proporcionar “públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial”. Ello ocurrió “al menos durante el tiempo en que los distintos querellantes (accionistas), confiando en la fidelidad de dicha información, adquirieron en el mercado de valores diferentes paquetes de acciones de dicha entidad”.

Así, entre agosto de 2012 y enero de 2013, el auto explica que varios analistas recomendaron comprar acciones de Pescanova en base a la información financiera que les dio el presidente de la empresa.

El auto indica que, mientras se animaba a invertir en la compañía, “algunos querellados, a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova antes de que esta situación se diera a conocer públicamente”.

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