Alaya ordena la detención de otras nueve personas por el caso de los ERE

Alaya ordena la detención de otras nueve personas por el caso de los ERE
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Nueve personas fueron detenidas hasta ahora en la segunda fase de la operación “Heracles” relacionada con el fraude en los ERE subvencionados por la Junta andaluza, que se desarrolla en ocho provincias españolas, informaron fuentes de la investigación.

Tres detenciones se llevaron a cabo en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Málaga, una en Cádiz y uno en Segovia.

Según las mismas fuentes, el exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía Juan Antonio Florido y el empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, asistieron al registro de sus viviendas y no fueron detenidos como se había apuntado en un primer momento por otras fuentes.

Hasta ahora fueron arrestados el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A Roberto Carmona; el secretario general de la UGT de Cádiz, Salvador Mera; Enrique Rodríguez, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y actualmente responsable del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de la localidad malagueña de Torremolinos, y, además, es vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol.

 Alaya considera que los dos empresarios de la Sierra Sur sevillana que percibieron “de forma arbitraria” 32 millones de euros, el 39% de las ayudas concedidas a empresas por la Dirección General de Trabajo.

En el auto que autoriza el registro de diez domicilios, la juez Mercedes Alaya dice que los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, a los que denomina “tándem”, constituyeron una serie de empresas “sin actividad comercial ni trabajadores, creadas con el único objetivo de obtener fondos públicos de forma masiva”.

El auto ordenó además registrar el domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación del Textil y Química de CCOO de Andalucía, por haber percibido 43.472 euros de la mediadora Vitalia “como retribución por sus gestiones, trabajos e influencias”.

Alaya ordena la detención de otras nueve personas por el caso de los ERE

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