El tejido comercial coruñés no ha podido luchar contra la decisión del Ayuntamiento de sustituir los convenios nominativos de carácter económico que se venían rubricando con cada asociación en los últimos años por un sistema de subvenciones de concurrencia competitiva. Los representantes de las entidades acudieron ayer a un encuentro en María Pita en el que pudieron comprobar como la Concejalía de Empleo y Economía Social, responsable del área de Comercio, desoyó sus múltiples protestas y reticencias para imponer el cambio. Los comerciantes aseguraron salir “desilusionados” por la implantación de un formato que consideran “discriminatorio” e, incluso, aleatorio.

El comercio fue convocado ayer a un encuentro con el concejal del ramo, Alberto Lema, en el que –tras la aprobación de los presupuestos para 2017– recibieron la confirmación de que el sistema de ayudas a las agrupaciones cambiará por completo. Los múltiples colectivos que hay en la ciudad estaban satisfechos con la fórmula de convenios nominativos existente hasta 2016 (como mucho pedían el incremento de los 4.000 euros por entidad).

Sin embargo, Lema defendió que “o sistema de concorrencia competitiva é o máis recomendado para este tipo de procesos, tendo en conta que son moito máis igualitarios e evitan que as axudas se dean únicamente atendendo a criterios nominativo e non ao contido dos proxectos”. Y la posición de los afectados es totalmente la contraria, como ya le habían transmitido de múltiples formas al Gobierno municipal de la Marea y al propio edil.

El sector salió descontento y “desilusionado” por la falta de atención del Ejecutivo local a sus demandas, argumentos y propuestas. Todas ellas fueron desoídas por Comercio, algo que recalcó el nuevo presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC), Adolfo López, tras el encuentro.

“¿Dónde está la participación si nos dijeron esto es lo que vamos a hacer sin que pudiésemos opinar?”, reveló el representante de la entidad mayoritaria, afirmando que la reunión fue solo informativa.

Les pusieron sobre la mesa en qué baremos se basarán para puntuar los proyectos de las distintas asociaciones –por ejemplo, señaló Lema, “o número de comercios asociados á entidade solicitante e a paridade na súa xunta directiva”–, que deberán competir entre ellas por el dinero (un máximo de 5.000 euros por iniciativa) con la posible consecuencia de que surjan enfrentamientos por este motivo dentro del colectivo.

Dudas sobre los criterios

López criticó que el planteamiento de Lema fuese una suerte de “esto es lo que hay, si lo queremos bien y sino también” dado que Marea Atlántica siempre hace gala de su apertura a la participación ciudadana.

“Esto no fue nada participativo”, incidió el representante, que se teme las discriminaciones que puedan surgir al valorar las distintas ideas. De hecho, cuando se empezó a plantear la modificación de la línea de aportaciones económicas municipales, algunos de sus homólogos en las distintas agrupaciones ya dudaban del buen funcionamiento del nuevo sistema porque podían afectar criterios personales de los jueces sobre una u otra actividad.

Los comerciantes entendían, y siguen haciéndolo, que era más igualitario que todos recibieran lo mismo con independencia de que tuviesen más fondos o personal para redactar un programa de actos más ambicioso.

Impagos municipales

Por otra parte, desde la FUCC reprocharon a la concejalía que se olvidara de tratar el asunto de que muchos de los convenios nominativos de 2016 siguen sin ser abonados parcial o totalmente.

Este es el caso, por ejemplo, de la propia federación a la que el Gobierno local le debe entorno a 26.000 euros, que hubo que adelantar con ayuda de un crédito bancario que ya ha habido que ampliar en el tiempo. Al preguntar ayer, se enteraron de que se les requerirán más papeles.

“Dicen que ayudan al comercio pero la realidad no es esa; hay tanta burocracia que casi provoca que no podamos cobrar el dinero si no lo podemos adelantar primero por tenerlo ahorrado”, afeó López, que reiteró que cada vez “lo hacen más complicado”.

En relación a esta cuestión, el Ayuntamiento reserva 20.000 euros para la federación frente a los 126.000 de 2016, lo que implicará tener que eliminar muchos proyectos de continuidad que rotaban por los barrios.