La diputada del PPdeG Paula Prado instó al PSdeG y, en concreto, a Carmela Silva y a Gonzalo Caballero, a “no ser cómplices” de la “asfixia económica” a Galicia perpetrada por Pedro Sánchez con los 700 millones de euros que se le deben a la comunidad de entregas a cuenta y otros indicadores, un “ultraje” que están sufriendo “todos los gallegos”.

Prado se refirió a las declaraciones de estos representantes socialistas en las que acusaban de victimismo a los populares gallegos en relación a este tema, y la diputada popular ironizó con que “si hay una víctima, también hay un verdugo”. “Las víctimas, si las hay, son todos los gallegos que están sufriendo este ultraje”, insistió, además de advertir de que estos 700 millones de euros son partidas que le pertenecen a Galicia, tanto por devolución de entregas a cuenta, IRPF, IVE y casi 200 millones por ser una comunidad cumplidora.

“Tapar las vergüenzas”
También advirtió de que es “absolutamente falso” que un gobierno en funciones no pueda ejecutar la devolución de estas cuantías, y acusó a los socialistas de pretender “tapar las vergüenzas de la gestión económica” de Sánchez.

Asimismo, Prado acusó al Gobierno central de “gastarse todo” en los llamados “viernes sociales” de los Consejos de Ministros y de poner “una cortina de humo”, puesto que varios comunidades gobernadas por el PSOE también están reclamando las cuantías que se les debe. “No es un lío entre partidos, es la mala gestión del Gobierno de España”.

Finalmente, aseguró que los populares gallegos con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza “van a seguir reclamando” esas partidas, que son necesarias “para seguir manteniendo unos servicios públicos de calidad”.

Precisamente ayer, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en relación con los 4.500 millones de euros de entregas a cuenta que reclaman gobiernos autonómicos como el de Galicia, indicó que la Abogacía del Estado le ha dado el visto bueno para proceder a actualizarlas, aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Eso sí, la ministra de Hacienda indicó que para poder hacerlo el Gobierno no puede estar en funciones, ya que la Abogacía del Estado entiende que eso podría condicionar la actividad hipotética del futuro Ejecutivo, una postura que Montero ve lógica, aunque “no se da por vencida” para superar esta última barrera.

En todo caso, la ministra de Hacienda en funciones garantizó que la primera decisión que tome el Gobierno una vez constituido será precisamente la de actualizar las entregas a cuenta a las comunidades. Montero recordó que si no tienen ese dinero aún es porque PP, Ciudadanos y los partidos independentistas tumbaron los Presupuestos del Estado para 2019. “No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden venir ahora a pedir cuentas de las consecuencias de esa decisión”, subrayó.

La ministra negó que esté presionando a los gobiernos autonómicos con las entregas a cuenta para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, como sí hacía el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, para lograr apoyos a los Presupuestos.

“Montoro utilizaba las entregas a cuenta para apretar con los Presupuestos y yo he dicho con claridad que no pueden depender los presupuestos autonómicos de que se apruebe el presupuesto del Estado”, afirmó. La ministra indicó además que, con un Gobierno en funciones, no se puede aprobar tampoco el techo de gasto.

Por otra parte, avanzó que la intención del Gobierno es elevar la actual previsión de crecimiento para este año, situada en el 2,2%, a “como mínimo” el 2,3 por ciento, en línea con las estimaciones de los principales organismos internacionales. “Nuestra previsión es revisar hacia el 2,3% la previsión de crecimiento, como mínimo al 2,3%”, señaló Montero.

El Gobierno ya había anunciado la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB para este año en el próximo cuadro macroeconómico, aunque sin ofrecer cifras.

El pasado mes de julio la Comisión Europea revisó dos décimas al alza, hasta el 2,3 por ciento, su previsión de crecimiento para el PIB español. Previamente el Banco de España elevó su estimación hasta el 2,4%.