Los CDR detenidos ensayaron en el boicot contra el Consejo de Ministros

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, participa en el acto Luz y Libertad | susanna sáez (efe)
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Los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenidos y en prisión provisional ensayaron con “teléfonos clandestinos” y comunicaciones en clave durante los disturbios organizados el pasado mes de diciembre contra la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona, según la tesis que maneja la Audiencia Nacional.
Así lo expone el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en uno de los autos con los que envió a prisión a los siete miembros de los ERT detenidos el pasado lunes en el marco de la operación “Judas”, una documentación adelantada por la Cadena Ser a la que ha tenido acceso parcialmente Europa Press.

Seguridad y lenguaje
“Las acciones realizadas por el ERT y documentadas por esta instrucción, dotaron de preparación y formación y medios a sus integrantes en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de Walkie talkies”, concreta. En este sentido, destaca que habían puesto en práctica esa “formación” en “diversas ocasiones” y menciona expresamente “los disturbios durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21/12/2018 o la planificación y el derramamiento de aceite en la carretera C55 al paso de un convoy escoltado por Guardia Civil”. Aquello ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando los ahora detenidos Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Jordi Ros y David Budria –en libertad con cautelares– “participaron en un acto delictivo que consistió en el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid”, según consta en las actuaciones. De hecho, expone que “en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional”. Ese día D sería según los investigadores, una fecha entre el 1 de octubre, por el aniversario del referéndum ilegal, y la publicación de la sentencia sobre los políticos procesados por organizar el procés, que se prevé para mediados de mes.
Mientras, la abogada de Alerta Solidária Eva Pous, que está entre los letrados de esta organización que defiende a seis de los siete miembros de los CDR encarcelados por presunto terrorismo, criticó que en la operación de la Guardia Civil hubo vulneraciones “infinitas e inacabables” de derechos. De este modo, entre otras cosas, aseguró que los registros a los detenidos hace una semana se hicieron sin comunicarles su arresto, “por lo tanto, sin que pudieran designar abogado”. l

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