Las obras de demolición de las  plantas ilegales del edificio O Penso que tendrían que haberse iniciado en el pasado mes de enero todavía no han comenzado. El alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, manifestó ayer a este periódico que el Concello está a la espera de que la Consellería de Industria dé de baja por su cuenta el ascensor del inmueble, toda vez que la comunidad de propietarios se niega a tramitarla.
La supresión del actual elevador y la instalación de uno nuevo es el primer paso del proyecto de demolición, toda vez que la torre del ascensor está situada en la parte más alta del edificio, del que habrá que hacer desaparecer las dos últimas plantas –cuatro viviendas en esta primera fase y otras cuatro en la segunda–.
La intervención a la que tiene que enfrentarse el Concello de Cabanas es consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena el derribo de la parte del inmueble que excede la altura máxima permitida por la normativa urbanística que regía en la zona hace veinte años, que fue cuando se levantó el edificio.
Tras un litigio que se prolongó a lo largo de todo este tiempo, los compradores de las viviendas, que desconocían la situación de ilegalidad de las mismas, se ven obligados ahora a abandonarlas sin ninguna compensación económica a cambio. Por su parte, el resto de propietarios del inmueble tendrá que sufrir las consecuencias de la demolición de las dos plantas superiores desde sus casas, porque no se contempla su realojamiento en otro lugar mientras se ejecutan los trabajos.
Estas dos cuestiones, la falta de indemnización para los que se quedan sin vivienda y las molestias e incluso peligro de los que siguen en el edificio, fueron las que motivaron que todos ellos hubiesen acudido al TSXG para que se aplace el derribo mientras no se busca una solución.
El incidente planteado por los vecinos fue admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso Administrativo a finales del pasado mes de enero, pero la resolución todavía no se ha producido.
Mientras tanto, el Concello de Cabanas, a raíz de un escrito de la empresa Prace, adjudicataria de las obras, en el que informaba de que no podía iniciar los trabajos hasta que se diese de baja el ascensor, solicitó auxilio judicial al objeto de que la Consellería de Industria tramitase dicha baja, pero el juzgado se lo denegó. Ahora, según manifestó el alcalde, se está a la espera que sea la propia Consellería la que tramite y ejecute la baja, a fin de que el Concello de Cabanas pueda dar cumplimiento a la sentencia firme que ordena la demolición.

subvención
Como quiera que el principal argumento del gobierno cabanés de la imposibilidad de indemnizar a las familias que se quedan sin sus casas es la falta de disponibilidad económica, los vecinos hicieron acto de presencia en el pleno celebrado esta semana en el que se dio cuenta de la subvención de la Diputación de A Coruña por importe de 146.000 euros.Se trataba, según explicaron, de demostrar que eran conocedores de la entrada de ese dinero, del que, en principio, alrededor de 100.000 euros están destinados a la reparación de viales, mientras que el resto corresponde a un crédito.
La documentación relativa a esta subvención ya le fue entregada a su abogado, para que, a su vez, la haga llegar a la jueza del caso.
Como ya se informó en su momento, la licencia para la construcción del edificio objeto de litigio fue otorgada por el anterior gobierno socialista de Cabanas y el equipo de Castrillón tuvo que hacer frente a la provisión de fondos para la demolición.