El convenio suscrito por el Concello de Ferrol con Acuaes para la obra de los interceptores generales de la ría supondrá ahora un aporte del 25% del coste de la infraestructura por parte de los ayuntamientos de Ferrol y Narón –15,2 y 9,7, respectivamente–, según explicó ayer el portavoz del BNG en el Concello ferrolano, Iván Rivas.
Para los nacionalistas esta propuesta de modificación –apunta que en 2016 se hablaba de una aportación del 12,59%– debería ser objeto de una modificación del convenio o al menos de una addenda y llevado, por tanto, a aprobación plenaria.
Rivas aseguró, además, que ya en enero del año pasado el gobierno local tenía previsto que fuese Acuaes quien gestionase esta infraestructura, por lo que critica que “se xa hai un ano tiña previsto isto non se sabe a que veu todos os anuncios de pensar nunha xestión mancomunada cando xa en abril do 2016 se acordou que fora privada, desde Acuaes a través dunha empresa”.
El contrato que ahora se pretende adjudicar sale a licitación por unos 622.000 euros, cuando el concello ha previsto una retención de crédito de más de 645.000 euros, una cuestión que, para el BNG, siembre más incógnitas al proceso del saneamiento que se está llevando a cabo.
Estos hechos, para el Bloque, y, sobre todo la aportación del 25% del coste de la obra -que asegura incluso que podría incrementarse si los fondos europeos son menores– es algo “inasumible e incomprensible que o goberno considere esa opción”.
También comentó el portavoz nacionalista que Acuaes recoge también en el convenio una cláusula de retención de la participación de los ingresos del Estado si el Concello de Ferrol no asume sus compromisos, por lo que el dinero siempre será abonado. Una cuantía en la que no se incluyen los costes eléctricos ni de la estación de bombeo y depuradora, por lo que la aportación de los ciudadanos –ya sea a través de la tasa o de los presupuestos municipales del concello– todavía será mayor.

anulación
Ante todo esto, el BNG ve suficientes motivos para que se solicite la nulidad del convenio, ya que se sigue privatizando el ciclo del agua y se modifica un convenio sin haberlo llevado a pleno ni a debate con los grupos y sin contar con un informe de la Intervención municipal. Por lo tanto, no se valoran si los importes corresponden al valor real del coste ni se fiscaliza.
Iván Rivas habla de un convenio “cada vez máis prexudicial para a cidade” y considera que un acuerdo de una comisión de seguimiento no es suficiente para variar las condiciones de un convenio sin establecer ningún tipo de addenda.