Cataluña recurre ante el Supremo lo que ve como una “discriminación” por parte de Hacienda

24/11/2015 Artur Mas, pte.De la Generalitat. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acusado este martes al Gobierno central de utilizar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para impulsar una "intervención más directa o m&aac
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El conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, anunció ayer que el Govern presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra las condiciones que el Gobierno central ha impuesto al catalán para cobrar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, explicó que el Govern en funciones ha dado orden a la Conselleria de Economía para que interponga el recurso, al considerar que les han impuesto condiciones “diferenciadas de las otras comunidades, por razones explícitamente políticas”.

“Esta discriminación es arbitraria e inadmisible, por lo que uno de los ejes del recurso será la intención política de las condiciones que se ponen por mal comportamiento de los votantes”, según dijo.

Al mismo tiempo, Mas-Colell pidió cobrar antes de fin de año 2.715 millones de euros en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) “extraordinario”, del remanente del FLA de 2014, y rechazó que el Gobierno central pueda pagarlos de forma fraccionada en diez plazos mensuales. El consejero acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de tratar con “abuso de poder” a la Generalitat y, en consecuencia, a los catalanes, y además dijo que el Estado hace partidismo con algo tan sensible como las finanzas públicas. Mas-Colell afirmó que el Gobierno central practica una política de humillación constante a la Generalitat, y se dirigió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al ministro Cristóbal Montoro: “Ríanse tanto como quieran, pero paguen”.  

Mientras, el Pleno del Tribunal Constitucional interrumpió ayer tras unas tres horas de debate sus deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la resolución independentista aprobada en el Parlamento de Cataluña a instancias de Junts pel Sí y la CUP para dar inicio a la ruptura con España,.

El Tribunal continuará hoy por la mañana con su estudio sobre el fondo de este asunto después de que el pasado 11 de noviembre los once magistrados que lo integran admitieran a trámite la impugnación de los Servicios Jurídicos del Estado y suspendieran de forma cautelar la vigencia de la resolución. El asunto ha sido introducido en el primer Pleno ordinario que celebra el tribunal tras recibir el pasado viernes las alegaciones del propio Parlament, que defiende que la resolución impugnada es un “acto parlamentario de naturaleza estrictamente política”, por lo que no tiene los elementos necesarios para ser valorada. 

En su auto, el Alto Tribunal dio un plazo para la presentación de alegaciones y advirtió además a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y también a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplían su auto. 

En el momento de suspender la resolución de Parlamento catalán, el Constitucional aplicó por primera vez el artículo 87.1 de su Ley Orgánica, a demanda de la Abogacía del Estado, y acordó notificar a cada uno de los cargos mencionados por el Gobierno la resolución advirtiéndoles “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. Además, les apercibía de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir”.

No obstante, el tribunal de garantías no acogió en dicho momento todas las peticiones del Gobierno, ya que en su providencia no hacía mención a la aplicación por el momento del artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, incluido después de la reciente reforma de esta norma y que incluye la posibilidad de suspender en sus cargos a quienes incumplan sus resoluciones. 

Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, avisó de nuevo a Artur Mas que la “ley se cumple” y recalcó que “todos” están sometidos a ella, tanto el presidente del Gobierno como el presidente de la Generalitat.

Rajoy aseguró que la unidad de España no se “toca”. “Será lo que decidan todos los españoles y no solo una parte de los españoles –manifestó–. La igualdad entre los españoles tampoco se toca, vivan en Olmedo, en Madrid o en Pontevedra”.

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