El Ministerio de Sanidad puso a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados de diagnóstico clínico para, entre otras cosas, controlar el uso y los precios de las pruebas de diagnóstico PCR de coronavirus que éstos hacen y conocer el resultados de las mismas.

Así lo aseguró ayer el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa telemática posterior

a la reunión del Comité Técnico del Coronavirus

Entre otras cosas, la orden publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) también establece la posibilidad de adoptar medidas para regular los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus, con el fin de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

Simón subrayó que lo que no puede permitir el Ejecutivo es que “en un periodo de escasez”, haya “abusos” y se usen las PCR en poblaciones en las que no van a ser eficientes, como los asintomáticos, que no tienen ningún cuadro clínico que justifique realizarlas.

Además, explicó que el Gobierno quiere garantizar que los resultados de estas pruebas de detección del Covid-19 que se hacen en los laboratorios de diagnóstico clínico privados, que no están prestando servicios al Sistema Nacional de Salud, se conozcan.

El experto abundó en que las PCR son “un acto de salud publica” y, por lo tanto “deben estar bajo la tutela de Salud Pública”.

“Por lo tanto, lo que se busca con esta orden es controlar que todo el uso de las PCR se haga lo mas eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía”, insistió Fernando Simón.

Petición de las autonomías

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó ayer que esta orden se dictó a petición de algunas comunidades autónomas que, tras “observar algunas situaciones” esta semana, querían que se “clarificara” este asunto.

La instrucción, dijo el ministro, pretende asegurar que todos los recursos de sistema, tanto de la sanidad pública como de la privada, cuyo trabajo agradeció, trabajan en la misma dirección y conforme a la  para estrategia de diagnóstico que diseñaron los epidemiólogos para la misma.

Además, se garantiza que los test se realizan con criterios de cohesión y equidad y en una única que red que dirigen las autoridades sanitarias autonómicas.

De esta forma, las pruebas se realizarán preferentemente a las personas con sintomatología grave o grupos de riesgo vulnerables, como aquellas que están en residencias de mayores.

Illa explicó que la orden establece la obligatoriedad de notificar a la autoridad sanitaria de cada comunidad todos los casos positivos de Covid-19 que se hayan diagnosticado y se limita la realización de los test a aquellas personas que tengan la prescripción de un facultativo.

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) cree que es “perfectamente razonable” que se actúe de forma coordinada con las pruebas diagnósticas de coronavirus y se mostró favorable a la regulación de precios, como estableció el Ministerio de Sanidad.

 En este sentido, ASPE  también apunta que los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo.

ASPE señala que todos los resultados de las pruebas se informaron a las comunidades pertinentes, tanto los que dieron positivo como negativo.

Además, asegura que los centros sanitarios y de diagnóstico privados actuaron “bajo criterios de prescripción médica previa”.