El alcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira, defendió ayer su inocencia en el juicio por malversación celebrado contra él y un empleado municipal, Xurxo G.J. en la Audiencia de Pontevedra por un posible mal uso de 6.800 euros de combustible durante cuatro años, entre 2003 y 2006.

“Es un proceso político por parte de un concejal”, dijo antes de la vista este regidor, que no repetirá como candidato del BNG en las elecciones del mes que viene, en referencia al edil de la formación independiente ACP Luis Sabariz, que denunció la supuesta ilegalidad.

“Después de que lo cesase en 2007 ha sido acoso y derribo”, ha subrayado sobre la querella, suscitada aquel año.

Angueira, alcalde por el BNG, gobernó con el apoyo de Sabariz desde 1999 hasta 2007, cuando una disputa por los sueldos acabó con el edil fuera del gobierno y unas elecciones en las que PP, PSOE y ACP evitaron un nuevo mandato de los nacionalistas, que recuperaron el poder en 2011.

“Llevo ocho años y se pasa mal, ha intentado enmarranar la vida de una persona”, se quejó el regidor sobre la imputación que ha culminado en el juicio.

Durante el juicio en sí, celebrado con jurado, Angueira respondió a las preguntas de todas las partes.

La acusación particular es la que sostiene el caso –la Fiscalía pide la absolución– con una petición de tres años de prisión por un supuesto uso fraudulento del gasóleo que se facturaba a un todoterreno que el Ayuntamiento usaba para las obras. Según la acusación, el gasto en combustible es mucho mayor del justificable por el uso del vehículo.

Angueira adujo que en el Ayuntamiento la costumbre era imputar al vehículo los consumos tanto del propio coche como de un tractor de un trabajador municipal cuando lo usaba para labores municipales, así como de garrafas de combustibles para otro vehículo y maquinaria.

“Todo fue para servicios municipales”, insistió el acusado, que comparte banquillo con el por entonces responsable de Obras, Xurxo G.J.

La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa por la “insuficiente acreditación o justificación del hecho punible” atribuido a los imputados, aunque interesa que se remita testimonio de los autos al Consello de Contas por si observase alguna irregularidad fiscalizable en esta vía.

En su escrito, el representante del ministerio público cree constatado que hubo “un consumo excesivo o abusivo” de combustible entre 2003 y 2006 por parte del vehículo de obras del Ayuntamiento, y que según un perito “carecen de cualquier tipo de explicación razonable”.

Esos consumos “muy por encima” del kilometraje registrado por el vehículo supusieron un sobrecoste para el Ayuntamiento de más de 6.800 euros.