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sábado | 20 abril | 2024
Un total de 39.167 viviendas fueron entregadas a los bancos en 2012 en España como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta hecha pública ayer por el Banco de España, que revela que en el 83% de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.
Los resultados de la encuesta reflejan también que algo más de la mitad de las entregas (20.972) fueron voluntarias, y que de ellas el 75% (15.826) se produjeron bajo la forma de daciones en pago, fórmula que conlleva la extinción de la deuda mediante la entrega de la vivienda, que en el 89,5% de los casos era el domicilio habitual.
En los otros 18.195 casos fue necesario acudir a la vía judicial para que los bancos tomaran posesión de las viviendas, de las que el 16 % (2.968) estaban ocupadas y el resto, vacías.
altercados
Las entregas judiciales de viviendas ocupadas requirieron la intervención de la fuerza pública en 355 casos en viviendas habituales y en 109 casos en otras viviendas, según los datos del Banco de España.
El supervisor informó también de que el pasado 31 de diciembre, el número de hipotecas en vigor en España era de 6.770.083, de modo que las entregas de viviendas suponen un 0,58 % sobre esa cifra (0,53% de viviendas habituales).
Además, el 85% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales fueron firmadas en 2007 o antes de ese año.
Esta es la primera vez que el Banco de España hace públicos datos de este tipo, recabados mediante una encuesta dirigida a un conjunto de entidades bancarias que gestionan más del 85% del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas. Para ello, ha preguntado a los bancos sobre la financiación hipotecaria a clientes minoristas sin finalidad empresarial o profesional y sin incluir otro tipo de inmuebles distintos de la vivienda como pueden ser garajes o trasteros.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha establecido que la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad da derecho a ser tenido por parte en un procedimiento de ejecución hipotecaria y poder así oponerse al mismo o pagar la cantidad reclamada para evitar la subasta del bien. n
