La Plataforma de Bomberos Públicos recurre la licitación de diez parques

Representados a través de la Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia, más de 400 profesionales del sector se presentarán hoy ante la Diputación de A Coruña para “rechazar tajantemente el modelo de privatización del servicio de extinción de incendios y salvamento que venimos sufriendo en Galicia desde hace más de una década”.
El rechazo del colectivo se manifiesta a través de la interposición de un recurso administrativo contra el acuerdo de licitación del contrato administrativo de gestión indirecta mediante concesión administrativa de diez parques de bomberos pertenecientes al Consorcio contra Incendios de la provincia de A Coruña. Dicha licitación salió publicada el pasado día 5 de diciembre en el Diario Oficial de Galicia.
Según señalan los responsables de la Plataforma a través de un comunicado, ya ha pasado más de una década desde que el primer parque de bomberos de gestión privada comenzó a funcionar. En la actualidad la mitad de los bomberos que trabajan en Galicia lo hacen contratados por empresas privadas, quedando la gestión directa de este servicio circunscrita exclusivamente a ocho parques de bomberos. Se trata de los pertenecientes a las siete grandes ciudades y del parque comarcal de Silleda.
Desde la Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia destacan que los trabajos de extinción son servicios públicos esenciales, cuya actividad debe desarrollarse desde el ejercicio de autoridad y, por tanto, reservados a funcionarios públicos.
Indican, asimismo, que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, el requisito esencial exigido para que la modalidad de gestión indirecta del servicio público pueda ser considerada como concesión es que el empresario lo gestione a su propio riesgo y ventura, cosa que, según dicen, no se da en este caso.
Tampoco existe una justificación económica que motive la adopción de este sistema de prestación, según indica la Plataforma, añadiendo que “está demostrado que la privatización encarece el servicio sin ningún tipo de valor añadido, ya que la empresa concesionaria se limita a intermediar en la gestión del personal.
Por todo lo expuesto, los funcionarios públicos pertenecientes a los distintos Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de Galicia aseguran sentirse agraviados en varias cuestiones.
En este sentido, señalan que se trata de una usurpación de funciones por parte de empresas privadas al desempeñar un cometido que debe ser propio de funcionarios de las administraciones públicas.
Al respecto añaden hay una evidente falta de legislación específica, puesto que la Ley 7/85 ya indicaba la necesidad de desarrollar una normativa de rango estatutario para los bomberos. Apostillan que en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2007 de Emerxencias de Galicia se hablaba de un reglamento que debía ser aprobado en el plazo de un año y que todavía hoy no existe.
Por todas esas razones expuestas, desde la Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia exigen que se haga cumplir la ley, revertiendo el actual sistema de privatización de parques de bomberos y desarrollando el marco normativo que regule la profesión en la comunidad autónoma de Galicia.