Después de tres días en los que apenas ha habido ninguna novedad respecto a la polémica que rodea a los okupas, Palavea parece haber recuperado la tranquilidad. Sin embargo, los vecinos afectados ya han presentado ante la Policía Nacional las denuncias por las amenazas y agresiones que afirman haber sufrido y que han enturbiado la convivencia. En el documento se enumeran algunas de las expresiones que la denunciante afirma haber escuchado de labios del okupa, como “te voy a rajar de arribar a abajo con un cuchillo guapo que tengo”.

El acoso constante que la vecina afirma sufrir incluye otra amenazas, como “Os voy a quemar dentro del edificio”, acompañado en ocasiones de lanzamiento de un líquido en una botella así como gritos de “Te voy a partir la cabeza” o “Te voy a partir las piernas”. Pero fue su pareja la que sufrió una agresión esta misma semana y que también ha sido denunciada ante la Policía Nacional.

Fue el pasado día 17, a las diez y media de la noche, cuando, según la denuncia “unos desconocidos que creen que podrían ser los okupas” llamaron a la puerta y le sorprendieron al abrirla, apaleándole con unos bastones, y provocándole contusiones múltiples.

Por su parte, los okupas, que viven en un edificio de una promoción abandonada en compañía de sus familias y con menores a su cargo, niegan las acusaciones y aseguran que es la vecina la que encabeza una campaña contra ellos desde hace unas semanas.

Sin embargo, la asociación del barrio apoya al afectada y comenzó una recogida de firmas de las que casi ha recogido 300 con las que piensa presionar a las autoridades para que expulsen a estas personas, porque consideran que han generado una situación de inseguridad en un barrio que siempre ha sido muy tranquilo.

Por el momento, las autoridades se han limitado a aumentar la vigilancia en la calle para evitar que se produzcan nuevos incidentes. Por su parte, el Ayuntamiento entiende que “existe un problema grave” y recuerda que “en innumerables ocasiones”, el personal técnico municipal de la Concejalía de Bienestar Social acudió al lugar para identificar el estado de las personas que viven allí en situación de “vulnerabilidad” y gestionar las ayudas que pudieran precisar, pero alegan que fueron rechazadas la mayoría de las veces. l