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jueves | 18 abril | 2024
El Gobierno de Suecia prevé deportar a entre 60.000 y 80.000 personas que llegaron el año pasado al país nórdico en busca de asilo, anunció el ministro del Interior, Anders Ygeman.
Ygeman explicó que Suecia no puede hacerse cargo de los 163.000 refugiados llegados en 2015, por lo que plantea expulsar a entre 60.000 y 80.000 mediante sistemas de abandono voluntario o deportaciones.
El Ejecutivo asume que muchos de ellos tratarán de ocultarse de las fuerzas de seguridad y de que la búsqueda supondrá un “gran reto”.
“Necesitaremos más recursos y una mayor cooperación entre las autoridades”, señaló el ministro sueco.
Suecia revisó sus políticas migratorias a finales de 2015 e introdujo controles en las fronteras y revisiones de documentos de identidad. El Gobierno incluso llegó a solicitar acogerse al mismo sistema de reubicación por cuotas que la Comisión Europa concedió a Grecia e Italia
El primer ministro sueco, Stefan Lofven, prometió esta semana más recursos para la Policía tras el asesinato de una joven de 22 años que trabajaba en un centro de refugiados para menores no acompañados.
dinamarca
Por su parte, la Comisión Europea anunció que está examinando la legalidad de la ley aprobada el pasado martes en Dinamarca que contempla confiscar los bienes de los demandantes de asilo que llegan al país para costear parte de la ayuda que reciban.
“Estamos llevando a cabo un análisis legal”, anunció la portavoz comunitaria en materia de Inmigración, Natasha Bertaud, que no ha querido ofrecer una valoración preliminar a la espera de que concluya el examen.
Bertaud indicó que no cuenta aún con los “detalles” del análisis legal, al tiempo que ha advertido de que el proceso requiere tiempo, entre otras cosas para poder traducir de manera adecuada el contenido de la ley aprobada.
El Parlamento danés dio su visto bueno a un polémico paquete de medidas diseñadas para disuadir la llegada de demandantes de asilo al país, con disposiciones como la de confiscar las pertenencias de valor de los migrantes para pagar su estancia.
En virtud de la ley, los refugiados podrán mantener posesiones equivalentes a 10.000 coronas (unos 1.340 euros), frente a las 3.000 coronas propuestas inicialmente, tras las críticas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Aquellos bienes con un especial valor emocional, como los anillos de boda, estarán exentos.La nueva norma también incluye aplazar la reunificación familiar de un año a tres años.
