Madrid “rompe” con los prejubilados

El Ministerio de Hacienda pretende aplicar el Índica de Precios al Consumo (IPC) negativo del año 2014 a la mayor parte de los trabajadores prejubilados de las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que en la comarca afecta a alrededor de 1.300 trabajadores de Navantia e Imenosa incluidos en el último proceso de prejubilaciones en 2005. 
La decisión cayó por sorpresa en el ámbito sindical, ya que el pasado 27 de octubre el holding público –en coincidencia con una nueva manifestación de este colectivo, así como de los trabajadores en activo de los astilleros ferrolanos ante la delegación de Hacienda– había comunicado el inmediato abono de las cantidades adeudadas para cumplir así con dos sentencias del Tribunal Supremo que ratificaban los derechos de los extrabajadores en materia de atrasos.
El portavoz del colectivo afectado, Emilio Pantín, responsabilizó ayer al ente público de “romper” el diálogo entre las partes tras el compromiso adquirido en octubre, ya que se pretende aplicar con efecto retroactivo el IPC negativo (1%), lo que afectará a al menos dos tercios de los incluidos en el proceso, toda vez que de esta intención quedarán excluidos los que hayan cumplido los 65 años en 2013.
La primera reacción de los prejubilados se hará sentir en el marco de una asamblea que tendrá lugar mañana, a partir de las 11.30 horas, en el centro cultural Carvalho Calero, en O Inferniño, pero ya está también prevista la presentación individual y masiva de reclamaciones ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).
En muchos casos, la desviación económica entre lo dictado por el Tribunal Supremo y lo ahora estipulado por la SEPI supone una pérdida de 2.500 euros en las percepciones anuales por cada extrabajador afectado, según destacó Pantín, que recordó que el IPC también será negativo en el año en curso, en el que se prevé una caída de 0,7 puntos.
Pantín recordó que los abogados de la SEPI habían recomendado al Ministerio de Hacienda que asumiese los abonos adeudados con el fin de evitar el colapso judicial y los costes de la tramitación derivados de las demandas.
Para el portavoz del colectivo, “lo que se pretende es que el Tribunal Supremo, que ha dictado dos sentencias –en 2008 y 2009– que sientan jurisprudencia y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento, falle en algún momento en contra de las reclamaciones para evitar el pago de lo comprometido”. Aun cuando se confirma que se llevarán a cabo dichas reclamaciones, los afectados esperan que a finales de este mes den comienzo los pagos comprometidos por la SEPI. “Creemos que la nueva decisión constituye una clara venganza contra nosotros por haber reclamado y darnos la razón el Supremo”, incidió Pantín.