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jueves | 25 abril | 2024
La Guardia Civil detuvo ayer a 11 personas y registró numerosos ayuntamientos en toda España, varios de ellos en Tarragona, el marco de la operación “Termyca”, por la que se investiga el presunto amaño de contratos.
Entre los ayuntamientos registrados están los de Tortosa, Ametlla de Mar, Vandellòs y Ascó (Tarragona). También se están registrando los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores (Comunidad de Madrid), un consistorio de otra comunidad y varias empresas de consultoría de Cataluña.
La investigación es por delitos de malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación, informaron fuentes del caso.
La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción –en Madrid y Cataluña–, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell que se practiquen estas diligencias.
Además, la Guardia Civil envió un requerimiento de información al Ayuntamiento de Girona, aunque no han entrado a registrar la sede del Consistorio, que gobernaba Carles Puigdemont desde 2011 hasta que fue investido presidente de la Generalitat en 2016.
El alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel (CDC), se mostró “absolutamente convencido” de que su Consistorio no ha cometido ninguna irregularidad, a raíz de la investigación por la que la Guardia Civil está requiriendo información a varios consistorios catalanes, principalmente de Tarragona.
Preguntado por su relación con la consultoría Efial, presuntamente relacionada con el caso, aseguró que el consistorio nunca tuvo “un requerimiento ni demanda de información” por ello, dijo en declaraciones a Rac1.
“Nunca ha trabajado para el Ayuntamiento de Tortosa, sí para una sociedad del Ayuntamiento que está auditada y reauditada”, señaló Bel sobre esta empresa.
El alcalde de Tortosa planteó que “si de lo que se trata es de facilitar información, se puede facilitar sin este tipo de escenificación, por decirlo de una forma suave”.
Por su parte, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, destacó ayer la investigación que el instituto armado lleva a cabo ayer como “una operación más contra la malversación y el blanqueo de capitales y todo lo que supone la manipulación de concursos públicos”.
