La CIG exige a Política Social que proteja a la plantilla del servicio de transporte adaptado

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La CIG ha denunciado que al menos siete trabajadores que prestan el servicio de apoyo a la movilidad para personas con discapacidad o personas en situación de dependencia se quedarán sin empleo en 2018 porque, según el sindicato, la Consellería de Política Social ha otorgado la nueva adjudicación a una UTE que se niega a subrogar a estos empleados.
Se da además la circunstancia de que hasta ahora en la comarca de Ferrol el servicio del 065 lo prestaba una UTE integrada por empresas de transporte y un centro especial de empleo, Coinco, que aportaba el personal, formado por trabajadores y trabajadoras con capacidades diferentes.

Subrogación
Según explicó el secretario confederal de empleo de la CIG, Francisco Cartelle, en el concurso público que comenzará a operar el 1 de enero de 2018, en el que tiene a ver con la comarca, –el lote 3– fue adjudicado a la UTE Monforte-Castromil-Rías Altas.
Sin embargo, la nueva empresa “comunicó a la actual concesionaria del servicio su intención de no  subrogar el personal, aunque el convenio de aplicación (el de viajeros de la provincia de A Coruña ) cuenta con una cláusula de subrogación”, subrayó Cartelle.
En este sentido, explican desde la CIG que para no asumir a la actual plantilla, la empresa alega que el convenio  estabelece la subrogación sólo para las líneas regulares, cuestionando que el 065 entre en esta tipología.

Una paradoja
“Desde la CIG entendemos que sí entra y que por lo tanto estos trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la subrogación”. Advierte, además, que situaciones semejantes se pueden dar en otros servicios del país, por lo que calificó de “incomprensible” la pasividad de la Consellería de Política Social, de quien depende el contrato.
“No deja de ser una situación extremadamente surrealista que un concurso público dependiente de Política Social y, en concreto, de la Dirección General de Mayores y Personas con discapacidad, deje sin empleo a personas a las que en teoría deberían buscar su inclusión social. Paradójico e indignante. Está insertando a estas personas, pero en el paro”, denunció Cartelle.
Por eso, desde la CIG demandan a la Consellería “que no mire para otro lado” en este asunto, pues hacerlo “supondría servir a intereses contrarios a los de una administración pública que debe buscar la integración personal y profesional de las personas con capacidades diferentes”.
Desde la Federación Gallega de Alimentación, Mar, Transporte y Telecomunicaciones de la CIG exigen al gobierno gallego que cumpla con sus deberes y haga valer, apoyada en argumentos jurídicos y políticos, la subrogación del personal.

Sin adjudicar
Sin embargo, desde la Consellería que dirige Rey Varela, aseguraron ayer que actualmente “no se ha emitido ninguna adjudicación para este lote, por lo tanto, el contrato no se encuentra en ejecución”, pero que en cualquiera caso, y con carácter previo a la formalización del contrato, “la Administración requerirá la presentación del personal adscrito al servicio, en cumplimiento de la normativa laboral y de los convenios colectivos que sean de aplicación”.
En el que se refiere a la subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra, explican desde la Consellería, “es una cuestión que deberá suscitarse ante la jurisdicción laboral correspondiente”. l

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