10º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El vicepresidente gallego y secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, señaló ayer que su partido esperará a conocer todo el sumario de la operación “Pokémon” para “tomar resoluciones si es que hubiera que tomarlas” sobre la portavoz de este partido en Galicia, Paula Prado.
La juez que instruye el caso, Pilar de Lara, ordenó en diciembre abrir una pieza separada sobre Prado y preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por su condición de aforada al ser diputada, según consta en uno de los tomos de la instrucción de esta operación.
Rueda dijo que esperan “celeridad en el procedimiento para poder tener una opinión e incluso una actuación”, con lo que “no tenemos ninguna novedad y nada más que decir”.
La juez basa su petición sobre Prado, que no está imputada, en informes de Vigilancia Aduanera durante su etapa en el Ayuntamiento de Santiago en los que “aprecia varias irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal”.
Prado compareció como testigo en este caso y su declaración sigue bajo secreto, al igual que las del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, el exconcejal Albino Vázquez y el empresario Leonard Patterson.
La juez cree, según el informe de Vigilancia Aduanera, que la popular pudo haber participado, en su etapa como concejal, en el “pago de una factura inflada” por la representación de un espectáculo para “beneficiar” a un empresario investigado en esta causa por sus relaciones con el ayuntamiento implicado en adjudicaciones irregulares.
También atribuye a Prado su presunta participación en “influencias”, junto con otros dos ediles imputados, Albino Vázquez, ya fuera de la corporación, y Adrián Varela, así como con el exalcalde Conde Roa, Ángel Espadas, “para beneficiar económicamente a su marido” en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.
El auto señala, asimismo, que Prado pudo haber participado en “influencia en la contratación de determinadas personas afiliadas o próximas ideológicamente” a su partido en empresas concesionarias de obras y servicios del consistorio donde además de concejal, era “responsable” de la Agencia de Colocación de Empleo, “llegando a adaptar para ello los currículums a los puestos de trabajo”.
“Habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de escuela infantil de Salgueiriños, que es uno de los investigados en las actuaciones”, continúa el auto de la juez.
Prado, que es portavoz del PP gallego, hace más de dos meses que no comparece ante la prensa y ayer mismo anuló su presencia en un acto electoral.
