El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró ayer que su partido trabaja con “premisas claramente de presunción de inocencia” para su antecesor en el cargo, el diputado Pachi Vázquez, y recordó que los socialistas gallegos tienen un criterio serio y coherente “aplicable a todo el mundo” sobre estas cuestiones, que obliga a renunciar al escaño al político si es procesado.

Besteiro opinó de este modo en Rianxo, preguntado por el pronunciamiento de la Fiscalía Superior para que se procese a Vázquez por un presunto delito de prevaricación continuada en una treintena de contratos durante su etapa como alcalde de O Carballiño (1995-2005).

“Ya saben mi posición, hay un procedimiento abierto y trabajamos en premisas claramente de presunción de inocencia. Saben la posición de mi partido, el PSOE es el único con un criterio en estas cuestiones”, afirmó Besteiro a los periodistas, según un audio remitido por el PSdeG.

El líder de los socialistas gallegos dijo que él no prejuzga las actuaciones judiciales o de la Fiscalía, e insistió en que su partido tiene un criterio.

“Hay que preguntar al PP y a otros que no tienen criterio, el PSdeG tiene uno serio y coherente”, reivindicó el líder socialista.

Preguntado por si ese criterio implica que Pachi Vázquez deberá abandonar su escaño en caso de que finalmente sea juzgado, como pide el fiscal, Gómez Besteiro afirmó que el criterio “sirve para el primer y para el último militante, aplicable para todo el mundo”.

Pachi Vázquez garantizó que no existe “ninguna ilegalidad” en los procesos de contratación realizados durante su etapa como alcalde de O Carballiño y se remitió de nuevo a las declaraciones de los técnicos municipales.

En un comunicado remitido a los medios, Vázquez subraya que la contratación del personal “se realizó siempre en el marco de la legalidad”.

“Y así se demuestra con una serie de documentos” y “por las declaraciones efectuadas por los técnicos municipales”, agrega.

Pachi Vázquez recuerda en su comunicado que los propios técnicos declararon que, “en absoluto, se produjo ninguna ilegalidad”, hecho que fue corroborado, añade, por “todos los testigos”.

“Las demás testificales practicadas también corroboraron la existencia de expedientes de contratación, incluso las que en algún momento sembraron alguna duda, pero que finalmente admiten su existencia”, abunda.

Para corroborar dicho extremo, su defensa presentó ante el Tribunal Superior varios documentos que “demuestran las convocatorias públicas de empleo llevadas a cabo entre 2001 y 2005, así como informes “de que no consta reparo de legalidad alguno, correspondientes a 2003, 2004 y 2005”, motivo por el que pide el archivo de la causa.

En sus alegaciones, la defensa recordó que la secretaria municipal manifestó que “no le consta que Vázquez diera órdenes para contratar a determinadas personas” y aludió al testimonio de la interventora, quien confirmó que existían “expedientes de contratación”.