El fiscal aprecia indicios de sedición en varios ayuntamientos catalanes

Two boys walk past the Arenys de Munt's town hall, with an "Estelada" (Catalan separatist flag) hanging from the balcony, near Barcelona, Spain, December 9, 2015. Arenys de Munt was the first town to celebrate a non-binding referendum regarding Catalun

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que los ayuntamientos catalanes que han aprobado mociones de apoyo a la resolución independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre siguen “una estrategia concertada” para incumplir “la legalidad constitucional”, lo que podría constituir un delito de sedición.

Así consta en un escrito en el que el Ministerio Público recurre por “insólita” y “absolutamente precipitada en el fondo y en la forma” la decisión del juez José de la Mata de archivar la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista, que también tendría, según este órgano, “un carácter presuntamente delictivo”.

El recurso, presentado directamente en apelación ante la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al juez instructor, sostiene que “todo apunta” a que, lejos de tratarse de “una iniciativa aislada, los ayuntamientos catalanes están siguiendo “una estrategia planificada y concertada con el propósito de generar una situación o contexto de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional que permita la consecución de la independencia al margen de las vías legales de esa parte del territorio nacional”.

En este sentido, el fiscal Daniel Campos señala que es necesario realizar una serie de diligencias de investigación para determinar si el Ayuntamiento de Sant Cugat aprobó la moción como fruto de “un simple posicionamiento ideológico”, como apuntaban los informes jurídicos de la Corporación, o si esta actuación debe ser enmarcada en el seno de “una acción concertada” con otras administraciones y organizaciones como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

El objetivo de todos ellos, según el fiscal, sería “favorecer, provocar y conseguir el incumplimiento generalizado del ordenamiento jurídico y de la legalidad constitucional”. En este caso, señala Campos, “los hechos tendrían sin duda una gravedad mucho mayor de la que inicialmente pueda pensarse”.

DELITO DE SEDICIÓN

En opinión del representante del Ministerio Público, la moción aprobada por el Ayuntamiento de Sant Cugat “reúne en apariencia todos los elementos” constitutivos de un delito de sedición, penado con entre diez y quince años de cárcel, “en su fase preparatoria”.

Según su interpretación, los concejales de este municipio proclamaron “la adhesión a un proceso político-institucional absolutamente ilícito que persigue lograr la independencia de parte del territorio nacional e incumplir la legalidad vigente, desobedeciendo de forma masiva y sistemática las disposiciones de las autoridades e instituciones del Estado”.

El fiscal también considera “tan inadecuados como inconsistentes” los argumentos esgrimidos por el instructor para decretar el archivo de las actuaciones, que al acordarse sin “una mínima investigación” constituiría, a su juicio, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

El fiscal aprecia indicios de sedición en varios ayuntamientos catalanes