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martes | 23 abril | 2024
El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer que “todo el mundo tiene derecho” a conocer el informe de Bruselas sobre el trágico accidente del Alvia registrado el 24 de julio de 2013 en Angrois e incidió en que él, como presidente de Galicia, está interesado en saber si hay más “responsabilidades” al margen de la del maquinista, Francisco Garzón.
Al término de la reunión semanal de su Ejecutivo Feijóo recordó que él dijo el día del siniestro y se reafirma en que no “usará” en ningún las muertes para “hacer política” y censurar “al Gobierno que ejecutó las obras ni al que las puso en marcha”, en alusión al anterior Ejecutivo socialista.
Dicho esto, el presidente gallego proclamó que “sin ninguna duda” hay que hacer “justicia” con las víctimas. Eso sí, insistió en que el asunto está en el ámbito judicial, por lo que no está de acuerdo en “empezar a vulnerar los derechos de las partes” e intentar “sacar rédito político”.
estado de derecho
“Como presidente de Galicia me gustaría saber si hay alguna responsabilidad además del maquinista, si se pudo evitar y, si fuese así, si pudo haber corresponsables”, aseguró, antes de añadir que, aunque las víctimas puedan pensar que su actitud es “pasiva”, no es así.
“Les puedo asegurar que hago lo que hago porque creo en el Estado de Derecho y en que la política no puede ser corrosiva para intentar buscar responsabilidades en la administración de la época”, apostilló.
De hecho, subrayó que las víctimas y sus familiares “merecen” conocer el informe y tener toda la información posible, ya que, aunque “su problema no se va a solventar”, sí es importante que “vean que su lucha e interés” tiene “reflejo en las instituciones”. “Y al final, la última palabra la tendrá la Administración judicial”, concluyó
elementos clave
El informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea concluye que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no fue independiente y que en ella no se abordaron “elementos clave”.
Bruselas hizo público el informe sobre el accidente en una reunión con representantes de las víctimas y con el BNG. En este documento, se relatan a lo largo de diferentes puntos “las debilidades” que la Agencia Ferroviaria Europea identifica en la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas.
En otras cuestiones, se indica que Renfe y Adif son parte del equipo de investigación, lo que provoca “un conflicto de intereses”, mientras “la investigación de la CIAF fue realizada por un equipo que incluía a personal de organizaciones directamente implicadas en el accidente”. También pone en duda la neutralidad de Ineco, empresa encargada de revisar la seguridad de la línea.
“La composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación”, desautoriza en su escrito de 16 páginas este organismo, que destaca que se incumplió así la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria.
equipo investigador
“El requerimiento de que la CIAF sea independiente de cualquier administrador de infraestructuras, empresa ferroviaria y de cualquier parte cuyos intereses puedan entrar en conflicto con el trabajo en encargado al equipo investigador no estuvo asegurado”, prosigue.
Por todo ello, la Agencia Ferroviaria Europea, teniendo en cuenta la naturaleza “muy seria” del accidente y debido a las “debilidades” relacionadas con la independencia de la investigación, aboga por abrir una nueva.
Así, reprocha que se centre únicamente en la causa directa del siniestro, “un error humano”, pero no ahonde en las “causas fundamentales y subyacentes” del siniestro, ocurrido en Santiago en julio de 2013, ni tampoco en “elementos clave”.
Precisamente, las víctimas de Angrois han rechazado durante todo este tiempo las conclusiones emitidas por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), al criticar que “no se puede ser juez y parte” y, por tanto, niegan a este órgano la independencia que le exige la normativa europea, tal y como ahora subraya la Agencia Ferroviaria Europea.
