11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, imputa al expresidente de la Diputación Provincial José Luis Baltar Pumar la comisión de un supuesto delito de prevaricación por el que será juzgado y explica que contrató a aquellas personas que “le vinieron en gana”.
En el auto de procedimiento abreviado, facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez detalla que a lo largo de todo el procedimiento administrativo desarrollado al objeto de formalizar la contratación de 104 trabajadores temporales entre el 15 de enero de 2010 y el 17 de marzo de ese año, Baltar Pumar habría prescindido, “a sabiendas”, de los presupuestos esenciales establecidos en la ordenanza municipal del 8 de enero de 2004.
El juez vincula esos contratos con el cónclave del PP ourensano del su hijo, José Manuel, salió vencedor. El magistrado dice literalmente en el auto que “siendo la mayor parte de las personas beneficiarias de los contratos afines de uno u otro modo al PP y ello en vísperas del congreso que tenía por objeto nombrar al presidente del PP ourensano, resultando curiosamente elegido su propio hijo”.
Según Efe, el auto del juez recoge que para que se incurra en el tipo penal que se le imputa, es necesario que la resolución a juzgar hubiese sido “arbitraria”, lo que implica que sea “objetivamente injusta”.
Convocatoria pública
Recoge, asimismo este auto, que “tales procesos debían haberse realizado a través de una convocatoria pública, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos de la corporación”.
No obstante, añade que Baltar Pumar se limitó a contratar a aquellas personas que “le vinieron en gana”, atentando de este modo “contra el recto funcionamiento de la función pública”, prescindiéndose tanto de la fase de la fiscalización previa por el servicio de intervención como de la correspondiente publicación”.
Incluso, sostiene, “algunos de los contratos celebrados carecían del necesario informe de necesidad”. Así, especifica que era su obligación formalizar contratos con personas que reuniesen las condiciones necesarias para desempeñar esos puestos.
En relación a la existencia de una “resolución arbitraria” recoge que “es indudable”, que Baltar “tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones que estaba formalizando se prescindía por completo de los trámites procedimentales”.
En este punto, el auto retoma una declaración de Baltar, en la que afirmaba que “se limita a firmar el decreto” sin verificar que si “se respetaban las formalidades exigidas por la ley”.
Sin embargo, esta versión “entra en contradicción”, dice el juez, con las declaraciones “tanto por el secretario general de la diputación como por el jefe de personal”, quienes afirmaron que “Baltar era perfecto conocedor de que en las contrataciones se estaba prescindiendo del requisito de la publicidad”.
Denuncia socialista
El PSdeG denunció más de un centenar de contratos firmados en enero de 2010 y esta demanda derivó en una querella del fiscal Florentino Delgado, admitida a trámite en enero por este juzgado, que pide ahora la apertura del procedimiento para el juicio oral a Baltar, que cursó hace meses su baja en el PP.
Álvarez respalda la acusación de los socialistas por un presunto delito de prevaricación, la misma que se recogía en la querella del fiscal, pero no las de la representación legal del PSOE, que había pedido que el expresidente fuese juzgado por malversación de fondos públicos y falsedad documental al no hallar indicios en ninguno de los dos casos.
Asimismo, tampoco ha accedido a imputar al secretario de la diputación, Francisco Cacharro, el exinterventor José María Baños, y el jefe de personal, José Luis Suárez, puesto que ninguno dictó ninguna resolución. Los socialistas apreciaban también en ellos hipotéticos supuestos delictivos.
