La futura ley de impulso demográfico recibió ayer luz verde del Gobierno autonómico, que asumió el 83% de las sugerencias del Consello Económico e Social (CES), lo que supuso la incorporación de novedades, como la ampliación de los recursos públicos de conciliación para “todos” los periodos escolares no lectivos.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico, que trabaja para “adecuar” los horarios de las escuelas infantiles “a las necesidades” de los padres, también prevé “en las próximas semanas” activar una orden con ayudas para animar a las empresas privadas a implantar servicios de conciliación. En concreto, se plantea financiar la contratación de profesionales que se ocupen del servicio en un espacio que tendrán que habilitar las empresas.

Los detalles de la nueva norma, que será ahora remitida al Pazo do Hórreo para su tramitación parlamentaria, los concretaron al término de la reunión semanal del Ejecutivo el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Pioneros en España

Feijóo incidió en el carácter pionero de la ley en España y subrayó que “ordena y da coherencia” a las medidas de impulso demográfico adoptadas por el Gobierno autonómico. Asimismo, remarcó que concreta una inversión anual “entre todos los departamentos”, con “impacto directo” en las políticas demográficas de la Xunta, de unos ochocientos millones de euros –citó medidas de los ámbitos docentes, sanitarios o de política social–.

“Es una ley de país, no de gobierno”, enfatizó la conselleira, quien defendió que la Xunta parte de una base “adecuada” –el asesoramiento del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica– para “evitar decepciones” y “expectativas irreales”.

Tras subrayar el elevado número de alegaciones aceptadas y el dictamen del CES, tanto la conselleira como el presidente gallego manifestaron su deseo de que el “consenso” que acompañó a la norma en su diseño pueda reproducirse en la tramitación parlamentaria.

El primer problema estructural

No en vano, argumentó que “el primer problema estructural de Galicia es el declive demográfico acumulado en los últimos cuarenta años”.

La conselleira, por su parte, repasó las medidas que “ordenará” este nuevo marco legal, en su mayoría ya avanzadas. Así, tras el periodo de exposición pública, subrayó que se decidió, por ejemplo, “avanzar” hacia la universalización de la educación infantil de entre 0 y 3 años. A partir del 1 de abril, las guarderías serán gratuitas a partir del segundo hijo.

También recordó la mejora de un año más de la Tarxeta Benvida para las familias especialmente vulnerables, el impulso de un comité de ética de los servicios sociales de Galicia, o la apuesta por articular una Estrategia contra la soledad no deseada y profundizar en el programa de recuperación de viviendas vacías.

Reconocer la diversidad

Tras el dictamen del CES se incorporaron novedades como el plazo de un año para elaborar la normativa que desarrolle y aplique los artículos de la ley; el reconocimiento de la “diversidad” como principio en materia de familia; así como apostar por los recursos de conciliación “en todos los periodos no lectivos”.

Del mismo modo, se comprometió flexibilidad horaria para los empleados públicos al cargo de familiares enfermos, mayores o con discapacidad; la coordinación de las políticas públicas con el sector social y la economía cicular; o la incorporación de la formación para los cuidados en el ámbito familiar al ámbito de la educación no formal.

García también destacó la justicia como “uno de los servicios básicos a los que todo gallego debe tener derecho, independientemente de su lugar de residencia”; o la continuidad “durante el tiempo que sea preciso” de las ayudas familiares por nacimiento para hogares vulnerables mientras no perciban la Risga.