11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
La Fundación Nacional Francisco Franco ha pedido al Concello de Ferrol audiencia antes de que se lleve a cabo cualquier resolución vinculada con la figura del “jefe del Estado español desde 1939 a 1975 don Francisco Franco Bahamonde”.
De este modo, la Fundación, que preside Juan Chicharro Ortega, ha remitido al Concello un escrito una vez que ha tenido conocimiento de la celebración de la sesión plenaria del 30 de julio en la que se acordaba, a propuesta de una moción presentada por el BNG, la oposición a que los restos mortales del dictador sean trasladados a la sepultura que la familia posee en el cementerio municipal de Catabois, al inicio de los trámites para la recuperación del panteón y al comienzo de la tramitación oportuna para retirar símbolos como la placa que figura en la casa natal de Franco y en la plaza de España, por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
El escrito, fechado en el día de ayer y sobre el que el Ayuntamiento aseguraba ayer al mediodía no haber recibido nada, solicita que, como parte interesada “se le dé vista de lo actuado, se le comuniquen las incidencias que en lo sucesivo se produzcan, se le dé audiencia antes de dictarse la resolución y se le notifique ésta”.
La Fundación asegura que “dada la finalidad estatutaria de la Fundación Nacional Francisco Franco”, dicha entidad se persona en este expediente porque se considera con el derecho “a la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos” de Franco que, según las decisiones plenarias, “pueden verse afectados por la resolución que recaiga en las actuaciones de referencia”.
Además, recuerda en el escrito remitido al Concello que entre sus fines se encuentra “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco, en su dimensión humana, militar y política así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado, difundir, entre otras cuestiones, la defensa de estos fines ante los medios de comunicación y ante las diversas administraciones públicas”, por lo que considera que debe personarse ante las decisiones que se están barajando en el Ayuntamiento de la ciudad en la que nació Franco. Así, deja claro que tiene la condición de “parte interesada” con interés legítimo e interés directo en toda actuación administrativa que se refiera o afecte a Franco.
Antecedentes
El origen de esta misiva está en la moción aprobada con los votos a favor de BNG –impulsor de la propuesta–, FeC, PSOE y la edil no adscrita Esther Leira y la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. En ella se rechazaba toda posibilidad de traslado de los restos del dictador al cementerio ferrolano, toda vez que su familia dispone de un panteón en Catabois. Además, se acordó el inicio de los trámites para la recuperación de la tumba –ya que no se cumple con los compromisos de pago de tributos como los demás ciudadanos– y la retirada de placas alusivas a Franco tanto en la plaza de España como en la vivienda de la calle María que aluden al “Caudillo de España”
Aunque la moción fue aprobada en su día, hasta el momento no se ha ejecutado ninguna actuación, algo que desde el grupo nacionalista, que fue quien llevó a pleno la propuesta, se critica tras conocer la carta remitida por la Fundación.
De este modo, el BNG recuerda que el gobierno de Jorge Suárez no ha dado cumplimiento al acuerdo plenario para proceder a la expropiación de la tumba “que lle foi regalada a Franco, por ir contra a Lei de Memoria Histórica e por hixiene democrática”.
El BNG considera que la Fundación “nada ten que esixir a este Concello e menos respecto aos acordos que adopta o pleno municipal e cando os familiares do ditador non pagan tributos” y acusa al ejecutivo de dejar abierta la posibilidad de que los restos de Franco puedan regresar a su ciudad natal al no haber regularizado la situación de la tumba de Catabois.
Aunque el ejecutivo afirmó que todavía no tenía constancia del escrito de la Fundación, sí recordó que, precisamente, la legitimidad de esta organización está siendo cuestionada en la Unión Europea, que ha instado al Gobierno central a ilegalizarla. l
