Una investigación por un supuesto fraude cuando era alcalde de Girona ha vuelto a situar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el Tribunal Supremo, que debe estudiar si abre otra causa contra él y encara una nueva solicitud de entrega por delitos menores a los que se le imputan por el procés.

Una jueza de Girona ha pedido al alto tribunal que impute a Puigdemont por hechos completamente ajenos al proceso independentista catalán: un supuesto fraude en la compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión de agua durante su etapa como alcalde gerundense.

Decisión que el ahora eurodiputado atribuye al deseo de la Justicia de extraditarlo como sea en un momento en el que ya pesa sobre él la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo para que le levante la inmunidad y seguir así con su entrega por los delitos de sedición y malversación en el marco del procés.

El Supremo tiene que valorar ahora si abre un nuevo procedimiento contra Puigdemont por los delitos de falsedad, fraude a la Administración y prevaricación que le atribuye indiciariamente la jueza, previo informe de la Fiscalía del alto tribunal, que todavía no tiene en su poder la exposición razonada.

Dado que Puigdemont goza de inmunidad como europarlamentario, en el caso de que el Supremo abra una causa contra él, el instructor designado tendría que cursar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo por estos tres delitos, según las fuentes.

A diferencia de lo que ocurría con la sedición, las fuentes explican que en este caso el fraude y la falsedad sí aparecerían en el listado de delitos contemplados en la regulación de la euroorden de cara a una entrega automática; no así la prevaricación, que no comporta pena de prisión.

Sin embargo, otras fuentes consultadas explican que Anticorrupción duda de una eventual petición de entrega por unos delitos de una entidad menor a la malversación cuando el Supremo se negó a aceptar que fuese entregado solo por este delito (y no por sedición) en la causa del procés.

De cualquier modo, este caso no depende de Anticorrupción; es la Fiscalía del Supremo quien debe informar sobre si el alto tribunal debe abrir causa y, en su caso, pedir suplicatorio para la entrega de Puigdemont. Además, las fuentes inciden en que son dos procedimientos independientes relativos a hechos distintos.

Tan diferentes que se remontan a la etapa en la que Puigdemont era alcalde de Girona. Se investiga la presunta compra en 2014 de obras de arte, en concreto la colección Santos Torroella, con fondos públicos de la gestión del agua.

Gestión del agua

El caso, que se abrió a raíz de una querella de la CUP, se remonta a hechos ocurridos en 2013, cuando el Ayuntamiento acordó una prórroga de la concesión de la gestión del agua a Aigües de Girona (Agissa) -participada en un 20% por ayuntamientos y en un 80% por un socio privado-, a cambio del pago de un canon extraordinario por 3,7 millones de euros, de los que el consistorio recibió 2,6, según la exposición de la jueza.

Paralelamente, en 2014, Puigdemont, entonces alcalde de Girona, suscribió un acuerdo para la compraventa, por 3,9 millones de euros, de un fondo de arte ideando un “artificio” para “ocultar” -según sospecha la magistrada y Anticorrupción- que el primer pago iba a ser a costa de dicho canon aportado por Agissa.

En el proceso de compra y financiación de la colección -que fue autorizada por el pleno por un gasto plurianual de 2,9 millones de euros entre 2015 y 2019-, se “ocultó” el origen del dinero, continúa el informe de la jueza, que ve “indicios racionales de criminalidad” en el expresidente.

La jueza cree que, con el “conocimiento y aprobación” de Puigdemont, se llevó a cabo una “operación para ocultar” que el primer pago del precio de la colección se realizó a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del canon, con lo que se “defraudó” a Girona.