El Gobierno reitera que “no le temblará el pulso” en su política con Gibraltar

tres turistas deciden acceder a gibraltar a pie a causa de las retenciones de tráfico efe
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El Gobierno afirmó ayer que “no le temblará el pulso” en sus decisiones sobre Gibraltar y por ello pretende endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes (bunkering) en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras, próximas al Peñón.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, trasladó ayer este mensaje a las autoridades del Peñón tras reunirse con el sector pesquero en Barbate.

En esa ZEC, aprobada por el Gobierno en noviembre, está prohibido el suministro de combustible a otros buques y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para “endurecerlas”.

con más rigor

El objetivo, dijo el ministro Arias Cañete, es actuar con “mucho más rigor” contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes, una práctica que se conoce como “bunkering”.

El “bunkering” –el suministro de combustible de barco a barco– es una actividad económica que, sin las garantías suficientes, puede comportar un alto riesgo de vertidos en el mar.

Esta medida medioambiental fue anunciada en unos momentos de creciente tensión diplomática entre España y el Reino Unido por el vertido de 70 bloques de hormigón en el mar por parte de las autoridades gibraltareñas para crear un arrecife artificial –lo que impide faenar a los pescadores españoles– y los controles que España realiza en la verja de la colonia británica.

Las autoridades del Peñón reaccionaron al asegurar que “no se tolerará ningún intento de interferir en la legalidad de operaciones de bunkering dentro de las aguas territoriales británicas”.

Las largas colas en la verja de Gibraltar fueron una constante ayer después de la última advertencia del Gobierno del Reino Unido, que el lunes anunció que estudia emprender acciones legales “sin precedentes” contra España por la persistencia de esos intensos controles que el Ejecutivo español considera “irrenunciables” al no pertenecer ese territorio a Schengen.

Tras varios intercambios de mensajes entre Madrid y Londres y de sus advertencias de recurrir a medidas legales o acudir a organismos internacionales para defender su posición respecto a Gibraltar, el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a defender los controles en la verja para paliar los tráficos ilícitos.

En este sentido, Arias Cañete insistió en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas adoptadas con Gibraltar, y precisó que el Tratado de Utrecht no contempla que el Peñón tenga aguas propias, a la vez que ha dejado claro que no se cederá.

Entretanto, sigue en estudio la tasa de congestión de 50 euros que el Gobierno de Rajoy estudia imponer de entrada y salida por la verja de Gibraltar.

El Gobierno reitera que “no le temblará el pulso” en su política con Gibraltar