El Gobierno gallego ha dado luz verde al decreto de tiempos máximos de espera, que garantiza que las operaciones en más de cien patologías graves pero no urgentes en la comunidad –sobre todo en el caso de cáncer y determinadas enfermedades cardíacas y vasculares– tendrán un tope de espera de 60 días.

Si no se cumple este plazo, tal y como se anunció cuando se impulsó la ley de garantías de prestaciones sanitarias (aprobada en diciembre de 2013), el paciente tendrá derecho a cambiarse de centro o a optar por un hospital concertado acreditado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que asumirá el coste de la intervención quirúrgica.

En el caso de las consultas externas y de las pruebas diagnósticas se mantiene también el plazo de 45 días que se había comprometido cuando se impulsó la ley, que ahora se ha desarrollado a través de decretos.

Beneficiarios

La Xunta calcula que entre 15.000 y 20.000 personas podrán beneficiarse cada año de este sistema de garantías de tiempos máximos. Lo ratificó al término de la reunión semanal del Ejecutivo gallego el presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien detalló junto con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el contenido de este decreto “complejo y difícil”. Admbos dirigentes subrayaron que la intención de la Xunta es “seguir ampliándolo” e ir incorporando nuevas patologías. “La lista de espera es algo que nos gustaría ir abordando y es lo que se está haciendo; estamos en el quinto lugar dentro de la sanidad española, pero queremos mejorar”, remarcó

El decreto selecciona patologías oncológicas malignas, vavulopatías, patologías vasculares arteriales, cerebrales benignas y oftalmológicas. En lo que respecta a las enfermedades oncológicas, el texto hace referencia tanto al ámbito de las cirugías, que incluyen neoplasias, tumores neuroendocrinos y carcinomas, como a las primeras consultas y pruebas diagnósticas y terapéuticas recogidas en las vías rápidas para distintos tipos de cáncer.

Esta norma entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y será de aplicación para las personas que, dentro de estas casuísticas, estén ya en las listas de espera del Sergas y para los nuevos procesos de enfermedad.

Antes de este decreto, otras normas han desarrollado la ley aprobada años atrás para garantizar los derechos de libre elección de profesionales y centros sanitarios, disponer de una segunda opinión y dejar por escrito las instrucciones previas. Feijóo concretó que desde 2014, en Galicia pidieron cambio de profesionales sanitarios o de centro de más de 220.000 personas.