Los marineros gallegos insisten en el trato discriminatorio recibido por parte de Noruega

Durante la vista de ayer en el juicio en el que los marineros gallegos reclaman sus pensiones a Noruega, varios demandantes insistieron en el trato discriminatorio recibido por parte del Estado noruego, según explicó desde Oslo Xosé Manuel Carril Vázquez, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de A Coruña y que ejerce como asesor suyo.

Uno de los testigos, Leonor Ozon Barrientos, viuda de uno de los marineros afectados, reveló además en el juicio que su esposo había sufrido dos naufragios trabajando en Noruega y que en uno de ellos había ayudado a salvar a la tripulación del barco, sin recibir ningún reconocimiento de las autoridades de ese país nórdico.

Los representantes del Estado noruego negaron, como en juicios anteriores, que hubiera diferencia de trato, porque sostienen que la situación de los marineros españoles y locales no era la misma, ya que las leyes obligaban a residir en el país o a cotizar para tener derecho a una pensión. 

Pero en el caso de que hubiese un trato diferente, el Estado tenía derecho a hacerlo apelando a varios argumentos: protección de sus nacionales, por una decisión de política de bienestar social, por cuestiones prácticas de índole administrativa y por realizar un “uso razonable” de sus recursos.

Visto para sentencia
El Tribunal de Apelación de Noruega dejó ayer el juicio visto para sentencia. Está previsto que emita sentencia en un plazo de entre tres y cuatro semanas.

Unos 12.000 marineros, embarcados en la flota noruega entre 1948 y 1994 –cuando ese país entró en el Espacio Económico Europeo–, fueron obligados por ley a pagar hasta el 30 por ciento de su salario bruto, aunque, al no vivir en ese país nórdico, se les impedía cotizar, motivo por el que no reciben una pensión.

El portavoz de Long Hope, Alberto Paz, expuso cómo los marineros gallegos eran perjudicados frente a los nacionales, ya que estaban “excluidos de la Seguridad Social noruega”, por lo que no podían disfrutar de las ventajas de cobrar el paro, tener ayuda familiar por hijos a cargo y contar con deducción de impuestos por compra de casa o crédito adquirido, al tiempo que a los extranjeros no “les pagaban los viajes de retorno a casa”. 

Desde 1948 está registrada documentalmente la presencia de marineros gallegos en buques de bandera noruega y se estima que han pagado unos 520 millones de euros en impuestos hasta 1994. 

Long Hope, la asociación que agrupa a los demandantes, ha expresado en varias ocasiones que su objetivo es agotar la vía judicial noruega y llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

Esta asociación ha impulsado en una década de existencia un centenar de movilizaciones en España y en varias capitales europeas.