La fiscalización de las cuentas del ejercicio 2013 del Concello por parte del Consello de Contas, al haber superado con mucho el número de facturas abonadas por procedimiento extrajudicial, ha detonado la decisión del gobierno municipal de continuar con el contrato para mantenimiento y suministro eléctrico cuyo pliego había aprobado el PP al final de su mandato y que el gobierno FeC-PSOE paralizó durante estos ocho meses con la intención de proceder a remunicipalizar este servicio.
Ayer en el pleno, al hilo de la aprobación de nuevos reconocimientos extrajudiciales de créditos – por importe de 86.687,74 euros, y que se corresponden con nueve pagos por servicios que quedaron sin adjudicar del mandato anterior a la UTE SICE-Passco y a Aplicacións para o cristalizado SL–, la concejala de Facenda, Eugenia Freire –FeC–, adelantó esta decisión, que aun está pendiente de un último informe antes de ser decisiva.
La concejala argumentó, sin embargo, que “este goberno cree na recuperación dos servizos públicos e ese segue a ser o noso compromiso”. No obstante, indicó que “o momento non o permite e non pode ser”. También el responsable de Servizo, Bruno Díaz –PSOE– aludió al “contrato da discordia” y lamentó verse obligado a “seguir adelante cun contrato que hipoteca os recursos por máis de trece anos”. El edil defendió que en este tiempo no han estado parados sino “buscando se era posible unha alternativa, pero, aínda que se está pendente dun informe, parece que non é posible artellala”.
Tanto Ciudadanos como el PP valoraron que se siga con este contrato y, desde las filas populares, el edil Alejandro Langtry echó en cara al ejecutivo la falta de trabajo, criticando que “han tenido ocho meses y pico y todavía no lo tienen claro”.
También indicó que si el gobierno cree que es gravoso o no es adecuado debe pararlo y tomar decisiones de una vez por todas.
El portavoz del BNG, Iván Rivas, defendió que una gestión pública sería más eficaz y lamentó la decisión que ahora decide tomar el gobierno local.
La discusión sobre cantidades económicas del anterior mandato a las que tiene que hacer frente este fue iniciada ya en la mañana de ayer por el concejal Bruno Díaz
deudas del pp
El edil de Servizos recordó que se ha encontrado hasta 700.000 euros por reclamaciones, deudas e intereses sin atender por parte del anterior gobierno del PP.
Así señaló que la citada cantidad “está lastrando gravemente a xestión, ao obligar a atender gastos imprevistos”. “Cando se nos acusa de paralización ou de non xestionar, me pregunto que clase de xestión se fixo durante catro anos con maioría absoluta cando en lugar de solucionar problemas os deixaron para que os resolvera o seguinte goberno”.
En el pleno de ayer se dio cuenta también del informe trimestral del cumplimiento de plazos de pago a proveedores y, en este sentido, se indicó que la media del último trimestre es de 28,46 días, por debajo de los 30 que fija la ley de estabilidad financiera, sin embargo, está todavía por encima de lo considerado como adecuado. A este respecto, el PP criticó, sin embargo, que en enero del pasado año el 80% de los pagos estaban dentro de plazo y en el último trimestre solo un 34% se pagan en plazo.
Por su parte, la concejala de Facenda, Eugenia Freire, informó además de que en el segundo semestre del pasado año, el Ayuntamiento de Ferrol tuvo que abonar a los proveedores más de dos millones de euros en un total de 1.809 facturas más que en el período anterior y que atribuyó al “furor preelectoral do anterior executivo antes dos comicios locais de maio.”