13º-17º
domingo | 5 mayo | 2024
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera inaceptable que “se cuestione la continuidad” de los jueces en caso de independencia y reclamó ayer a la Generalitat que depure responsabilidades si es cierto que ha iniciado un proceso para reclutar nuevos magistrados.
La comisión permanente del TSJC se reunió ayer de forma extraordinaria para analizar la información publicada por “El País”. En la misma se dice que el Departamento de Justicia, a través del magistrado Santiago Vidal, ahora director de Programa para el Estudio de las Instituciones y Organismos, inició un estudio para suplir a los jueces que podrían abandonar Cataluña en caso de una eventual independencia.
En un breve comunicado, el Departamento de Justicia negó ayer que ni esta consellería ni la Generalitat estén “reclutando jueces para una hipotética Cataluña independiente” y añadió que, “evidentemente”, no se hizo ningún encargo a nadie en ese sentido.
En su comunicado, el TSJC afirmó por su parte, ante la información publicada, “y sin perjuicio del desmentido del Departamento de Justicia”, que no puede aceptar “que se cuestione la continuidad en el ejercicio jurisdiccional independiente, imparcial y responsable, conforme a la Constitución, de los jueces y juezas” de Cataluña.
Tras criticar que se haya iniciado un proceso de selección “al margen de la legalidad constitucional”, el alto tribunal catalán también rechazó que “se pueda trasladar a la opinión pública que la efectiva protección de los derechos y libertades de los ciudadanos se encomendará a un número indeterminado de personas sin sujeción alguna a los cauces previstos por la ley”.
Respuesta
El magistrado Santiago Vidal aseguró en una carta al TSJC, que no tiene ningún encargo ni ha hecho ninguna actuación encaminada a reclutar a abogados para cubrir las plazas de jueces.
Vidal sostiene que su actividad institucional se limita a la que desarrolla en el Libro Blanco de la Justicia y, alude a “un apartado que tratará sobre los cambios que habría que introducir en la ley judicial”.
