La CE aclara que explicó condiciones, pero que no dio una negativa al dique

Concentración trabajadores de Navantia en el Cantón
|

La Comisión Europea explicó al Gobierno español que el proyecto del dique flotante sería ilegal en el caso de exceder el límite de ayudas estatales –el 15% del coste–, pero en ningún caso lo aceptó ni lo rechazó, según se pone de manifiesto en una respuesta de Joaquín Almunia. El comisario de la Competencia asegura que “en el supuesto de que las autoridades españolas decidan notificar oficialmente el proyecto, la Comisión podrá adoptar una posición oficial”.
Es el contenido de la respuesta a una pregunta formulada por el eurodiputado socialista José Blanco, que el PSOE dio a conocer ayer –al tiempo que anunciaba la visita que hoy realizará el exministro a Ferrol– y que vuelve a situar en el centro de la polémica la consulta, a la postre informal, sobre el dique. En el asunto terció la sección sindical de la CIG en Navantia, que recordó que a estas alturas no se conoce el texto de la pregunta formulada por parte del Gobierno de España y que situó toda esta controversia en el interés de PP y PSOE en “buscar quen é o culpable” en lugar de abundar en lograr una solución. La central nacionalista subraya que se trata de una cuestión que depende de una decisión política.
Por otra parte, tanto la CIG como CCOO expresaron ayer su preocupación por las consecuencias que tendrá la asignación de Navantia al Ministerio de Defensa. Comisiones alerta de que esta medida “podría suponer el abandono de la actividad civil, lo que tendría gravísimas repercusiones en el empleo de los astilleros”. Esta central considera que ello significaría profundizar más en la crisis que sufren las comarcas en las que están ubicados.
Para la CIG, dicha decisión y la confirmación de que el veto termina el 1 de enero forma parte de una “cerimonia de confusión”. El sindicato nacionalista expresa sus dudas de que una empresa en manos de Defensa apueste “por potenciar sectores estratéxicos como son as reparacións, a revitalización de turbinas, a eólica ou a volta á construción civil”.
Ambas centrales reclaman que se aclaren las consecuencias de la dependencia de Navantia del Ministerio de Defensa. Para la Federación de Industria de CCOO, la apuesta ha de pasar “por una Navantia industrialmente diversificada, que contemple la construcción militar y la de todo tipo de buques civiles, el mercado off-shore, las áreas de reparación y la actividad eólica”.


LÍNEA DE AVALES
El Consello da Xunta dio luz verde ayer a la habilitación de una nueva línea de avales para la industria auxiliar del sector naval por valor de 24 millones de euros. Según dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se trata de un “sector estratéxico para Galicia” con el que su gobierno ha dado sobradas muestras de colaboración. Entre ellas señaló “a alianza coa petroleira Pemex” y el hecho de que la Armada Española “volveu encargar a construción dun barco militar en Navantia, nas instalacións de Ferrol”.
La línea de avales que pondrá en marcha el Igape servirá para respaldar el 50% de los gastos de las empresas en conceptos como el aprovisionamiento de materias primas y gastos de personal o el anticipo de derechos de cobro. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 15 de noviembre. En el mismo Consello da Xunta se aprobó la ampliación de recursos para la realización de programas formativos por parte de Asime para trabajadores del naval. n

La CE aclara que explicó condiciones, pero que no dio una negativa al dique