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Feijóo acuerda con Escotet un protocolo para frenar los desalojos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente de la entidad financiera Abanca, Juan Carlos Escotet, acordaron ayer un procedimiento para garantizar que las familias gallegas no queden sin casa por razones económicas.

La Xunta informó ayer de la reunión  en la que ambos coincidieron en la necesidad de “seguir reforzando los mecanismos para dar soluciones a todas y cada una de las familias que tienen dificultades económicas para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler de sus viviendas”. Para alcanzar este fin Escotet y Feijóo acordaron que en los próximos días el Gobierno gallego firmará con la entidad bancaria un convenio  de colaboración.

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El documento establecerá las pautas a seguir en caso de que una familia se enfrente a un desahucio por ejecución hipotecaria. En su nota, la Xunta informa de que Abanca dará traslado inmediato a la Administración de aquellos casos en los que se vean envueltas familias con una renta inferior a entre 3 y 4 veces el iprem que se vean en riesgo de perder su única vivienda.

Además la entidad bancaria se compromete a no hacer efectivo el desahucio hasta que no se consiga una solución que le garantice la permanencia en la vivienda a la familia afectada.

Para que esto sea posible, la familia podrá continuar en el inmueble durante un período de hasta tres años bajo un régimen de arrendamiento social, que asumirán en su conjunto y de forma coordinada la Xunta y Abanca. Concretamente, la entidad renunciará a una parte del alquiler, y la Administración abonará la cantidad restante, un total de 75 euros.

Por otra parte, Abanca también se compromete a poner la disposición de la Xunta una parte del parque de viviendas vacías con el que cuenta la entidad, de las que existirán en el Registro de Viviendas Vacías que el Consello da Xunta comenzará a tramitar la próxima semana.

El objetivo de la Administración es dedicar estos inmuebles tanto a los afectados por un desahucio por impago del alquiler, como a aquellas familias con menos ingresos.

“De este modo, y aunque los casos de desahucios en Galicia están por debajo del promedio nacional y descendieron en los últimos años, quedaría cerrado el riesgo de que una familia pueda quedarse sin vivienda por razones económicas. No en vano, el protocolo viene a complementar las medidas puestas en marcha en los últimos años tanto por la Xunta cómo por el Gobierno central, como el acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial o como los Programa Reconduce y Realoxa, que consiguieron dar respuesta a más de 300 familias afectadas”, recuerda la administración gallega en su escrito.

El protocolo acordado con Abanca se seguirá negociando con las restantes entidades financieras para, de este modo, reforzar este instrumento, que es uno de los más importantes del Plan Social contra la Desigualdad Económica que diseñó el jueves el Consello de la Xunta.

Feijóo acuerda con Escotet un protocolo para frenar los desalojos

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