El juzgado número 2 de lo social de Ferrol celebró ayer la vista del caso del delegado de la CIG despedido por la empresa Gabadi poco después de su elección, en plena negociación del convenio colectivo, una decisión que la confederación valora como de “acoso sindical”.
Aunque dan por hecho que el trasfondo del asunto “responde a un intento de intimidación dos representantes dos traballadores”, dada la sucesión cronológico de los hechos, la línea de la demanda se ciñó a la contratación en fraude de ley por la concatenación de contratos que acumuló este empleado eventual y que, según la CIG, eran ilegales.
Pasadas las diez y media de la mañana, alrededor de una treintena de miembros y simpatizantes del sindicato nacionalista se concentraron a las puertas de la sede judicial para apoyar a Carlos García, el delegado despedido, y exigir su readmisión en esta auxiliar de Navantia, cuya tasa de empleados temporales, según este sindicato, es del 75%.
Poco antes de iniciarse la vista se vivieron momentos de tensión a las puertas de los juzgados cuando los policías nacionales encargados del control de entrada al edificio quisieron impedir que los manifestantes acudieran a la sesión –de carácter público–, alegando que era “una orden del juez”.
Xesús Anxo López Pintos, delegado comarcal de la CIG, y otros miembros de la ejecutiva local se negaron a abandonar el edificio y exigieron a la secretaria de la magistrada que les comunicara en persona dicha decisión. Tras un pequeño rifirrafe finalmente la titular del juzgado número dos de lo social accedió a que pudieran asistir como público. El juicio, que finalmente quedó visto para sentencia, estuvo a punto de suspenderse por la ausencia de dos testigos clave de la acusación, recientemente destinados para unas obras en Canadá y en Malasia.
La CIG, además, aprovechó esta concentración para denunciar que este delegado electo no fue admitido en las mesas de negociación del nuevo convenio colectivo, un documento, explican desde la central nacionalista, “elaborado sobre a base das propostas do empresario”, apoyado, dicen, por UGT y CCOO, que suman mayoría en el comité de empresa.

concentración en cofer
Previamente a la vista judicial, a las 10.00 horas, el sindicato también se manifestó delante de la sede de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en el Cantón de Molíns, para denunciar la precariedad y temporalidad de los contratos en la mayoría de las empresas auxiliares del naval.
La CIG manifestó que el objetivo de esta estrategia de las empresas auxiliares y de la propia Navantia es que “os traballadores non consigan antigüidade, seguridade, nin dereitos” .
“A eventualidade permitiu ao naval botar pola porta a case 2.000 traballadores de forma legal, amparándose nunga lexislación que o permite”, recordó ayer Ramón Fernández, secretario de organización de la CIG.