El Gobierno gallego abogó por desvincular la aplicación y duración de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) del estado de alarma para asentar la recuperación económica, así como anima a promover la flexibilización horaria y la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social.

Se trata de una de las medidas analizadas ayer entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo que, acompañado por el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, entre otros integrantes del gabinete autonómico, se ha reunido con el Comité de Expertos Económicos constituido durante la pandemia del Covid-19 para asesorar al Ejecutivo gallego.

Tras la reunión, el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, explicó que el empleo centró esta segunda reunión con el comité de expertos, indica la Xunta en un comunicado a la prensa.

La nueva etapa requerirá de un mayor diálogo y de buscar fórmulas de consenso que permitan sentar las bases de la recuperación económica tras meses de inactividad. 

Además de la desvinculación de los ERTE del estado de alarma, Conde dijo que otra de las “premisas” analizadas ha sido la posibilidad de establecer incentivos fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para el mantenimiento del empleo.

Y también comentó la necesidad de flexibilizar la jornada laboral, un trabajo entre sindicatos y patronal para “identificar los puntos de encuentro” entre ambos actores para adecuar la jornada a las necesidades laborales. 

“Es preciso buscar puntos de encuentro entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas para garantizar la viabilidad de los negocios”, concluyó. 

Otro de los puntos tratados ha sido la necesidad de poner en marcha protocolos para garantizar la seguridad y la salud laboral y ofrecer confianza a los consumidores. 

En este punto, Conde destacó las diferentes guías que promueve la Xunta en colaboración con el Instituto Gallego de Salud y Seguridad Laboral (ISSGA) que permiten “conocer en detalle” medidas higiénicas y también organizativas para el correcto desarrollo de las actividades económicas. 

Además, durante la reunión también se ha analizado la necesidad de acompasar estas medidas con el fomento del teletrabajo y planes de formación, sobre todo en nuevas tecnologías. 

La oposición discrepa
Los portavoces de los principales partidos de la oposición en Galicia coinciden al considerar que detrás del rechazo por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que se prorrogue el estado de alarma están los “intereses electorales” del Partido Popular.
En una rueda de prensa telemática, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, denunció la actitud “irresponsable” de Núñez Feijóo, a quien ha acusado de “poner sus intereses por encima de los generales” de lucha contra el coronavirus. “Quiere liderar a los barones del PP en la estrategia de confrontación para dificultar la prórroga del estado de alarma”, un mecanismo que, según ha indicado, “la ciudadanía sabe que es fundamental” para seguir luchando contra el virus.

El portavoz de Galicia en Común - Anova Mareas, Antón Gómez Reino, también criticó la actitud “irresponsable” de Feijóo. “El único interés que tiene el PP en levantar el estado de alarma es un interés electoral”.

“Lo que nos preocupa es la salud de los gallegos”, ha vuelto a insistir la dirigente nacionalista Ana Pontón, en una rueda de prensa virtual tras la reunión semanal de la ejecutiva en la que ha avisado de que lo que necesita Galicia es “un gobierno que no esté pensando en la campaña electoral”, sino en medidas para una desescalada “segura desde el punto de vista sanitario” y en un plan económico y social.
Sin embargo, el portavoz en el Parlamento gallego del Partido Popular, Pedro Puy, el mantenimiento del estado de alarma, y ante las críticas de la oposición que atribuyen que Feijóo, es partidario de levantarlo para poder convocar elecciones, Puy señaló que “lo que no se puede es vincular una crisis sanitaria con una económica”. Así, ha incidido en que el estado de alarma no tiene que mantenerse en todo el territorio español “ni con todas las atribuciones” que se han realizado en el primero de ellos.