11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno gallego dio la aprobación definitiva a la nueva ley de transparencia que, entre otras cuestiones, endurece el régimen de incompatibilidades, ya que extiende a “todos” los altos cargos la obligación de publicar su patrimonio al tomar posesión y al cesar en su puesto, y regula el traspaso de poderes, así como las decisiones que puede adoptar un Ejecutivo en funciones.
De ello informó el presidente, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal del Consello, en una rueda de prensa en la que reivindicó que esta norma, cuyo contenido en su mayor parte ya se había dado a conocer, “supera” a la ley aprobada por el anterior Gobierno bipartito y también a la impulsada por el Ejecutivo central “en algunos preceptos”.
Aunque el grueso de la norma se mantiene con respecto al texto que había sido aprobado inicialmente, durante la tramitación se incluyeron modificaciones, en palabras de Feijóo, ligadas fundamentalmente a las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública, entre ellas la modificación de sanciones por incumplir el régimen de incompatibilidades.
Así, en el texto inicial, el apartado de sanciones recogía que los altos cargos que cometiesen infracciones muy graves en materia de incompatibilidades podían ser destituidos de sus puestos y, además, recibir multas de entre 6.001 y 12.000 euros.
sobre la estatal
Ahora las sanciones muy graves será de entre 1.500 y 3.000 euros, mientras que las graves –antes de entre 600 y 6.000 euros– son ahora de entre 500 y 1.500. En todo caso, la Xunta subrayó que el Estado no contempla sanciones pecuniarias en su norma, por lo que este extremo estaría entre los “preceptos” en los que, según Feijóo, esta norma “supera” a la estatal.
Feijóo hizo especial hincapié en que se da rango legal por primera vez al código ético institucional que limita los presentes que pueden recibir los altos cargos y también en que se regularán los pasos que puede dar un gobierno en funciones.
En concreto, los gobiernos en funciones no podrán enviar proyectos de ley a la Cámara gallega, autorizar convenios con el Estado ni otras comunidades, dar luz verde a convocatorias de acceso o provisión de puestos de trabajo públicos, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de “causas de urgencia debidamente acreditadas”.
Como novedad, el texto incorpora también la prohibición a gobiernos en funciones de autorizar convenios con universidades y entidades locales.
En cuanto al traspaso de poderes, Feijóo destacó que cada consellería deberá elaborar un informe de gestión en que se detallen la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago y los contratos y convenios vigentes.
