El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas se entregaron ayer a la justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Puigdemont y los exconsellers autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 09.17 horas de ayer, explicó en comparecencia de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe. 

Compromiso

La entrega fue “convenida” con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó.

Se produjo en una Comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde al cierre de esta edición permanecían en “privación de libertad”, es decir “sin libertad de movimientos” y obligados a permanecer en el edifico, si bien no estaban en un calabozo, precisó el portavoz del Ministerio Público.  El medio centenar de profesionales de los medios de comunicación que aguardaban a Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos en el inmueble no los vieron entrar, ya que lo hicieron en coche y a través de la puerta con acceso subterráneo al edificio. La Fiscalía debía designar a un juez de instrucción, que les iba a tomar declaración por separado a cada uno de ellos y siempre antes de las 09.17 horas de hoy. Al cierre de esta edición, las audiencias todavía no habían concluido.

En cada una de esas vistas estaban presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues eligieron que la comparecencia fuese en neerlandés, agregó Dejemeppe. El que fuera 130 presidente de la Generalitat de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert.

A continuación, el magistrado deberá en cada caso decir si acepta ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

En el supuesto de que no la rechace, el juez de instrucción tendrá que decidir si ordena su liberación con condiciones o si les impone prisión preventiva.

El portavoz de la Fiscalía precisó que, si el juez de instrucción “considera que no debe liberarles, serán conducidos a prisión”.

El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados. 

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, según Dejemeppe. l