Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Popular

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La Fiscalía Anticorrupción pidió la admisión a trámite de una treintena de querellas que se interpusieron contra los expresidentes del Banco Popular el gallego Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración por llevar a la quiebra a la entidad.

Según fuentes jurídicas, la mayoría de las querellas y denuncias que el fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito se dirigen contra las dos últimas cúpulas del banco, sobre todo en lo que respecta a las operaciones que lanzó de ampliación de capital mediante un folleto que no reflejaba la realidad de la situación financiera. También ve indicios de manipulación del mercado en la última etapa de la entidad.

Anticorrupción ha entregado ya su escrito al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor encargado del caso desde que el pasado 7 de junio se anunciara que el Banco Santander había comprado por un euro el Popular. Desde entonces, se han ido acumulando las querellas y denuncias por parte de organizaciones de consumidores y antiguos clientes, sobre todo. Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción no ha reflejado en su escrito al magistrado las denuncias o querellas dirigidas contra los órganos reguladores –Banco Central Europeo (BCE), Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Banco Popular Portugués–, ya que además no argumentaban ni los hechos delictivos que se les podría imputar. Las querellas y denuncias que se han ido presentando por la quiebra del Popular a lo largo de estos meses en la Audiencia Nacional provienen de antiguos accionistas, antiguos clientes y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

FROB

En el caso de ésta última, presentó dos escritos, una querella en representación de miles de accionistas y clientes del banco y un recurso contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución de la entidad y por la que esta fue vendida al Santander al considerar que dicha resolución fue contraria al Derecho. El recurso fue admitido.

Por otro lado, la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y las cajas de ahorros volverá a pedir el informe sobre la valoración del Popular que ya había solicitado a la Junta Única de Resolución (JUR) y que esta se había negado a remitir. Todos los grupos manifestaron su rechazo por la decisión de la JUR y acordaron volver a insistir “fehacientemente” para que la autoridad europea remita al Congreso este informe.

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