González Laso pide los “papeles” que avalan la propuesta de su expulsión del PSOE para alegar

Local PSOE - Enrique Barrera, Sestayo y Natividad Gonzalez Laso
|

La portavoz del grupo municipal socialista, Natividad González Laso, dispondrá de diez días para alegar al expediente instruido a instancias de la ejecutiva local, que concluye solicitando la expulsión de la concejala del partido. Esa era la intención inicial de Enrique Barrera, el encargado de emitir un dictamen sobre los supuestos incumplimientos de la portavoz, cuando el pasado lunes convocó a González Laso a un encuentro en el que le dio traslado de la propuesta de expulsión. Ayer, el instructor –que es también miembro de la dirección local del partido– no quiso realizar declaraciones para no entrar en más “controversias” en relación con este asunto. Barrera se limitó a asegurar que el lunes dio a la edila la oportunidad de realizar una segunda alegación “para darle más garantías de defensa” y que le entregó un documento –presumiblemente las conclusiones del expediente– “pero ella quiere más”.
Y lo que quiere González Laso, según manifestó ella misma a este diario, es que se le facilite el “pliego de cargo” en su contra, más de 60 páginas donde se argumentarían las razones para pedir la expulsión del PSOE. A esta petición –dijo– Barrera respondió el lunes que “lo consultaría”. La portavoz municipal apunta que sin tener esta información en su poder –se le habría dado la posibilidad de leerla–, no podrá presentar sus alegaciones. “No quiero ver esa documentación, quiero tenerla”, insistió, al tiempo que se mostró convencida de que no hay razón alguna que avale su expulsión.

incumplimientos
Desde la ejecutiva, sin embargo, sí las encuentran, y en las propias normas del partido. A la concejala se la acusa de incumplir dos preceptos del artículo 42 del Reglamento de Afiliados, el que se refiere a la “indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido, ajustadas a estatutos” y el relativo a “menoscabar la imagen de los cargos públicos e instituciones socialistas”. Su incumplimiento se considera una falta muy grave, según esta misma normativa, y puede llevar aparejada la expulsión del partido, aunque también se contemplan otras posibilidades como la suspensión de militancia por más de 18 meses y hasta tres años y la inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o públicos dependientes del partido por este mismo período, medidas más “suaves” que la separación de la organización, que es la que se propone. Fuentes de la ejecutiva aseguraron además que desde que se inició el procedimiento contra González Laso esta continúa incidiendo en los mismos incumplimientos.
El expediente, una vez concluido, deberá ser remitido a la Ejecutiva Federal que será quien resuelva finalmente. Aunque desde la dirección local del partido se apunta que desde Madrid se pedirán informes a las ejecutivas provincial y nacional del PSdeG, la normativa interna del partido señala que “previa la remisión del expediente para resolver, se solicitará informe del órgano superior territorial a aquel que hubiera tramitado el expediente”. En este caso se requeriría, así, el pronunciamiento de la dirección provincial, que el pasado mes de febrero ya se manifestó al respecto –en una decisión mayoritaria pero no unánime– considerando que no existían “causas objetivas” para sancionar González Laso.

perjuicio al partido
Esta, por su parte, dice estar deseando que el expediente “salga de Ferrol y llegue a las instancias que tenga que pasar para que resuelva de forma definitiva, porque lo que está ocurriendo perjudica muchísimo a la organización”. Insiste asimismo en que “no hay ninguna razón que justifique mi expulsión” y se muestra confiada en la decisión final del partido, aunque todavía no esté muy claro cuándo y cómo acabará esta situación.
El Reglamento de Afiliados señala que, una vez que el expediente esté en poder del órgano competente, este dispone de 60 días como máximo para practicar las pruebas que estime oportunas y, una vez finalizado, habrá otros 30 días hábiles para emitir una resolución. En la práctica, sin embargo, es difícil que esto se cumpla, según las fuentes consultadas.
La ejecutiva local reclama una suspensión cautelar de militancia, una posibilidad que también se contempla en la propia normativa interna del partido  “en quellos supuestos de actuaciones gravemente irregulares que a juicio del Comité Ejecutivo Federal merezcan tal medida”. n

González Laso pide los “papeles” que avalan la propuesta de su expulsión del PSOE para alegar