El gobierno que se forme a partir del próximo día 15 tendrá en el área de servicios varias materias pendientes de resolución, entre ellas la del saneamiento y no solo en lo relativo a la búsqueda de acuerdos con el vecino Concello de Narón para que este comience a abonar un servicio que se presta y que, hasta el momento, no paga, sino también en la propia “casa” ferrolana. En este sentido, antes de que concluyese 2018 se publicaban los liquidaciones de los recibos de depuración de aguas residuales desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017 –los posteriores ya se están abonando– pero nunca llegaron a cobrarse hasta ahora.

La situación se remonta al mes de abril de 2017, cuando se marcó en el calendario de tributos municipales como el inicio del servicio de depuración de aguas residuales, por lo que se levantó la suspensión de la tasa que había impuesto el anterior gobierno municipal –el Partido Popular– al considerarse que el servicio no había funcionado hasta el momento y no se podía obligar al ciudadano a hacer frente a un servicio inexistente.

Pero la tasa suspendida “resucitó” desde el momento en el que el socio privado de la empresa mixta de aguas Emafesa, Socamex, recurrió a instancias judiciales para poder cobrar esa tasa desde que se aprobó, en 2015, y la sentencia del contencioso administrativo de Ferrol le dio la razón. 

En el mes de septiembre del pasado año, el alcalde, Jorge Suárez, anunció que se reclamaría con carácter retroactivo la tasa de saneamiento de aguas residuales correspondiente al período desde el 1 de enero de 2015 hasta marzo de 2017, alegando que existía una sentencia judicial al respecto, si bien el ejecutivo de Jorge Suárez recurrió ante el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia esa decisión. Sin embargo, fijó el abono de la tasa a partir del mes de junio del año siguiente para dar tiempo a que, entre tanto, existiese una resolución judicial al respecto.
Esa fecha ha llegado y no se conoce resolución alguna, por lo que la anulación de esa publicación de liquidaciones no se podría hacer efectiva, aunque sí podría solicitarse, como explicó el regidor en su día, un nuevo aplazamiento.

Son deberes a los que deberá hacer frente el nuevo ejecutivo, que tendrá que decidir si pone fin a los recursos judiciales e inicia el cobro retroactivo por la depuración desde 2015 además de fijar cómo se hará, toda vez que se estima una cuantía total de más de cinco millones de euros, que podrían elevar los recibos hasta unos 200 euros de media. El fraccionamiento del pago es la opción más segura en el caso de tener que hacer frente de una vez por todas a esa deuda.

La Plataforma en Defensa dos Servizos Públicos  ha anunciado que está elaborando una tabla reivindicativa así como un dossier para entregar al nuevo gobierno municipal “e intentar acordar unhas reunións de traballo, onde lles expliquemos as nosas propostas, para que sexan unhas taxas participadas, xustas e axeitadas”. También reclaman la fiscalización de la actividad de Emafesa así como evitar sus “abusos”.

La Plataforma sigue apostando por el inicio de un proceso de remunicipalización del servicio, sin la parte privada.