Concello y Xunta analizan las fórmulas para iniciar la depuración esta semana

Mañana, a las 13.00 horas, en Santiago tendrá lugar una reunión con los representantes de Augas de Galicia –el gobierno pretendía que el encuentro se celebrase en Ferrol para facilitar la asistencia de ediles que no tiene dedicación y pudiese haber una representación más plural del Concello– para abordar las posibilidades que permitan que esta misma semana –el día 1 de abril es la fecha barajada– pueda entrar a funcionar la estación depuradora y comenzar, de este modo, el ansiado saneamiento de la ría.

Técnicamente, como explicó el alcalde, Jorge Suárez, está todo listo. El área de Intervención ha dado el visto bueno para que comience a funcionar el saneamiento transitoriamente sin tasa desde el próximo sábado y, recordó Suárez, la empresa de los interceptores está en comunicación con el Concello y lista para empezar a trabajar. También están solventadas las deficiencias de hormigón y estructurales de la estación depuradora y probadas la segunda y tercera fase de depuración.

Solo resta, por tanto, el articulado jurídico para el inicio del saneamiento.

El regidor local explicó de nuevo que la puesta en marcha sin cobrar tasa a los ciudadanos es totalmente transitoria y provisional, ya que “cando hai un servizo ten que haber unha tasa” aunque indicó que se pueden analizar criterios de progresividad, de que paguen más lo que más consumen o una mayor transparencia pero “a transitoriedade non pode convertirse en definitiva e hai que asumir o coste dun servizo de depuración de augas”. De no ser así, indicó el regidor, “os gastos na depuración irían en detrimento doutras partidas e habería que escoller entre financiar o saneamento ou outras moitas cousas, e iso non é o que se busca”.

Por el momento, como aclaró el alcalde, Jorge Suárez, presupuestariamente existía una reserva de crédito para los interceptores, que luego sería imputable a la tasa, de 560.000 euros, y será de esa partida de donde se paguen los gastos generados hasta el cobro a la ciudadanía, con un informe de fiscalización que así lo permita.