El rey Juan Carlos I decidió abandonar España y fijar su residencia en otro país ante la repercusión publica de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo, Felipe VI, la tranquilidad que requiere el ejercicio de sus funciones.
Don Juan Carlos, según un comunicado de la Casa Real, trasladó esta decisión al rey en una carta en la que asegura que toma la decisión guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones “y a ti -escribe dirigiéndose a su hijo- como rey”
“Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, reza el texto de la carta sin que Zarzuela haya explicado si la frase “en estos momentos” hace referencia a que se encuentre ya fuera de España o a las circunstancias actuales relativas a la investigación de la que está siendo objeto.
No obstante, según adelantó RTVE el rey emérito podría encontrarse ya fuera del país.
Juan Carlos I añade que fue rey de España durante casi cuarenta años, y durante todos ellos siempre ha querido lo mejor para el país y para la Corona.
“Mi legado y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”, añade en su carta, en la que recalca que adopta la decisión con el mismo afán de servicio a España que inspiró su reinado.
El comunicado de Zarzuela señala que Felipe VI transmitió a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.
“El rey -señala el texto- desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia, y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.
Tras el comunicado de Zarzuela, el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, emitió otro en el que informa de que el anterior jefe del Estado le dio instrucciones para que haga público que, pese a su decisión de trasladarse fuera de España, “permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”.
La Fiscalía del TS está investigando el origen de 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a Juan Carlos I por la construcción del AVE a la Meca.
Una cantidad de dinero que fue transferida después a una cuenta en las Bahamas a nombre de la examiga del rey Corinna Larsen.
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía precisaron que la decisión del rey emérito no afecta a las diligencias de investigación que tiene abiertas la Fiscalía.
Asimismo, las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra sobre donaciones presuntamente vinculadas con Juan Carlos I, iniciadas en 2018 pero que no se conocieron hasta marzo de este año, y que dieron comienzo a los actuales problemas del rey emérito, también afectaron su decisión de abandonar España.
Ni la carta de don Juan Carlos, ni el comunicado de Zarzuela ni el del abogado aclaran dónde fijará su residencia.
El rey emérito abandona Zarzuela tras más de 57 años viviendo en ese palacio en el que seguirá residiendo la reina Sofía, ya que la decisión de su marido no le afecta en nada y mantendrá su actividad institucional, como venía haciendo desde el relevo en la trono hace seis años.
La madre de Felipe VI, que se encuentra de vacaciones en el Palacio de Marivent de Palma, quedó al margen de la controversia al no tener relación con los presuntos negocios en los que pudo participar el rey emérito.
Don Juan Carlos y doña Sofía llevan distanciados en el plano sentimental desde hace varios años, si bien mantuvieron la residencia en Zarzuela al ser miembros de la familia real.
De hecho, Juan Carlos I va a seguir siendo miembro de la Familia Real y a conservar el título de rey que se le reconoció tras la abdicación, por lo que su estatus se mantiene invariable a pesar de e irse a vivir fuera de España.
Cuando cedió el trono a su hijo Felipe en junio de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que establecía que el anterior jefe del Estado conservaría el título de rey de forma vitalicia y con carácter honorífico, con tratamiento de “Majestad”, una fórmula para “plasmar la gratitud por décadas de servicios a España”.
Otro de los cargos que sigue atesorando es el de capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, condición que asumió cuando cedió a su hijo el papel de jefe supremo de los Ejércitos.
En cuanto a su estatus jurídico, conserva su aforamiento, por lo que solo podría ser juzgado por el TS por delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014.
Así, pasó a ser aforado cuando perdió la inviolabilidad que le concedía ser jefe de Estado.