El fiscal del caso “Nóos”, Pedro Horrach, afirmó ayer que “las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo”, abundando así en las palabras del fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, que habló de “intimidaciones”.

Además, remarcó que, mientras en las grandes ciudades la labor de los fiscales “queda más difuminada”, en las comunidades pequeñas, como Baleares o Murcia, esa presión “se intensifica” y “se nota mucho más”. “Hay que aprender a convivir con ella”, añadió.

En entrevistas en la Cadena Ser y en RNE, Horrach aseguró que él nunca temió por su integridad física, pero detalló que sí ha recibido “cartas de tipo amenazante”, con insultos contra él y contra su familia. Según dijo, sí denunció ante la Policía una carta amenazante, mientras que a las que tienen “insultos variopintos” no les hace “ni caso”.

Pero además, señaló que todos los fiscales de la delegación de Anticorrupción de Palma fueron avisados en más de una ocasión de que posiblemente estaban siendo objeto de seguimientos, y se les pusieron medidas de contravigilancia, aunque fue “afortunadamente en momentos ocasionales”.

Aunque no sabe quién está detrás de esos seguimientos, imagina que se trata de las personas que están siendo investigadas. En todo caso, recalcó que lo importante es comunicar los hechos a las autoridades policiales y judiciales.

En cambio, quiso dejar claro que nunca ha recibido presiones de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía: “Ni las he recibido ni las hubiese aceptado”. “Solo faltaría que recibiese llamadas de esas características”, remachó el fiscal.

Horrach no quiso pronunciarse sobre el nombramiento de nuevos fiscales ni sobre si los relevos han tenido intencionalidad política.

El fiscal también reiteró que su intención es proponer que se recurra la sentencia del “caso Nóos” en lo relativo a los hechos de la Comunidad Valenciana, donde la Audiencia de Palma no vio delitos, lo que implicaría una pena mayor para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Además se reafirmó en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana “hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos”.

La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban “plenamente justificados”.