El Juzgado de lo Penal 1 de Ferrol acogerá el próximo día 3 de mayo el juicio por un accidente laboral ocurrido el 12 de marzo de 2008 en un edificio en construcción situado en la avenida de España de Cedeira, en el que perdió la vida el trabajador Luis Piñón Lourido, de 59 años.
El obrero se precipitó por el hueco del ascensor desde la quinta planta del edificio cuando se ocupaba de izar material con un maquinillo a través del citado hueco. A consecuencia del golpe sufrió un traumatismo torácico-abdominal con fractura de múltiples costillas y de dos vértebras, además de rotura pericárdica, hepática y de bazo.
En el banquillo de los acusados se sentarán el administrador de la empresa Construcción Aneiros y Garrote, J.R.G., el arquitecto M.V.C., que redactó el proyecto constructivo y ejercía la dirección facultativa de la obra;  y los aparejadores M.L.Q. y J.L.P.F.

En el banquillo de los acusados se sientan el constructor, un arquitecto y dos aparejadores

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados penas de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de sus respectivas profesiones en actividades relacionados con la prevención de riesgos laborales durante cuatro años. Se les imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso con otro de homicidio por imprudencia grave.
En concepto de responsabilidad civil solicita que los acusados, conjuntamente con la compañía AXA Gestión de Seguros y Reaseguros SA, indemnicen a la esposa del fallecido con la cantidad de 103.390,06 euros, con la deducción de los 23.761,80 euros que ya le fueron entregados a cuenta.
En las conclusiones provisionales de la Fiscalía se señala que en el año 2007 Construcción Aneiros y Garrote inició la obra de edificación de un inmueble de bajo y cuatro plantas destinadas a cinco viviendas, garajes y trasteros.
Previamente al inicio de los trabajos, la empresa encomendó a Mugatra Servicios de Prevención la elaboración del preceptivo plan de seguridad y salud. Al parecer, aunque dicho plan constaba suscrito por el promotor el día 2 de octubre de 2007, no fue aprobado por ninguno de los tres acusados integrantes de la dirección facultativa hasta el 1 de julio de 2008, meses después de iniciadas las obras y del accidente mortal.
Como consecuencia de ese incumplimiento de la obligación de evaluar y prever los riesgos de la actividad, supuestamente, los imputados permitieron que las obras comenzasen y se desarrollasen hasta la fase correspondiente al levantamiento de la estructura.
El fiscal sostiene que esa falta de previsión provocó, a su vez, que los trabajos de albañilería se ejecutasen con ausencia de los preceptivos anclajes especiales para el amarre de los cinturones de seguridad que en su momento fueron facilitados a los trabajadores.