La jueza De Lara asiste a la apertura de la caja fuerte de un imputado

GRA306. LUGO, 27/03/2014.- La jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, acompañada de un funcionario, a su llegada a una sucursal bancaria, ubicada en la Plaza de Santo Domingo de Lugo, donde asistió en persona la aper
|

La jueza instructora de la operación “Pokémon”, Pilar de Lara, asistió ayer por la mañana en persona a la apertura y registro de la caja de seguridad vinculada a Demetrio Arias, cuñado del responsable de la concesionaria de la ORA en Lugo, Javier Reguera, que el 25 de marzo fue precintada –también por mandato judicial– en una sucursal bancaria de Lugo.

La comisión judicial llegó alrededor de las diez de la mañana a la sucursal bancaria, ubicada en la plaza de Santo Domingo, a la misma hora en la que había sido citado para comparecer el propio Demetrio Arias, acompañada por los agentes de Vigilancia Aduanera que se han hecho cargo de la investigación.

lacónica

La propia jueza estuvo dentro de la entidad financiera alrededor de media hora y a su salida, a preguntas de los informadores sobre el contenido que se habría encontrado en el interior de la citada caja de seguridad, se limitó a contestar con un lacónico “lo esperado”.

En un auto firmado el miércoles, Pilar de Lara ordenó la apertura de todas las cajas bancarias de seguridad de las que fuesen titulares el propio Demetrio Arias, su mujer o la empresa Decon Construcciones. Servicios y Contratas del Noroeste, constituida por el matrimonio en enero de 2008.

blanqueo

Demetrio Arias es considerado por los investigadores de la operación “Pokémon” como un posible hombre de paja del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal de Economía y Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, y la jueza estima que puede ser “responsable criminal de un delito de blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, entre otros tipos penales”.

En ese sentido, de Lara ordenó la apertura de la cajas de seguridad contratadas en esa sucursal bancaria, “por entender que en su interior pudieran encontrarse efectos relacionados con la comisión de los delitos investigados, tales como dinero en metálico procedente de dichas actividades ilícitas”.

La jueza también sospechaba que en su interior podía haber “documentos de interés para la causa”, así como “documentación u otro tipo de soportes de almacenamiento de datos” que podrían contribuir al buen término de la investigación.

ilógico

Desde su punto de vista, según figura en el citado auto, “no resulta lógico, por la situación patrimonial del matrimonio investigado y la nula actividad” de la empresa Decon que “la misma pueda ser titular de una caja de seguridad” y que “dicha caja sólo haya tenido un registro en el año 2012”.

La jueza aclaró también en su auto que esta diligencia “se practicará de la forma más oportuna para garantizar la integridad de las pruebas que pudieran hallarse en cada lugar, llegando a hacer uso de la fuerza en caso necesario, de forma congruente y proporcional a la naturaleza y gravedad de los delitos investigados”.

El matrimonio Arias constituyó 7 de enero del 2008 la empresa Decon, cuyo domicilio social se encuenta una aldea de Portomarín. Uno de los aspectos de esta sociedad que llama la tención de la jueza De Lara es que tiene “un objetivo social amplísimo” que abarca desde hacer obras hidráulicas hasta servir como agencia de viajes o prestar servicios de radio, televisión y agencia de noticias.

La  instructora también recuerda que Demetrio Arias fue conductor de grúa y trabajador de una pizzería. Su mujer se encargó de un establo. La empresa no llegó apresentar declaraciones fiscales.

En el registro efectuado por Vigilancia Aduanera en la casa del dueño de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, apareció un contrato privado de servicios, firmado siete meses después de constituirse la empresa para la supervisión y control de la prestación del control de los parquímetros y estudios para su reubicación por baja recaudación. El precio del contrato es de 3.500 euros mensuales.

La jueza De Lara asiste a la apertura de la caja fuerte de un imputado